En1 los últimos 2 años se ha vuelto costumbre explicar el aumento de la inseguridad alimentaria como una consecuencia directa de la pandemia de covid-19, la invasión de Rusia a Ucrania, la inflación, la multiplicación y la intensificación de conflictos armados o el cambio climático. Es cierto que todos estos elementos afectan la cadena de abasto alimentario, ya sea que dificulten la producción de alimentos, obstaculicen su distribución y comercialización o eleven sus precios. Sin embargo, el sistema alimentario es algo distinto y más complejo que las cadenas de suministro. El sistema alimentario es, ante todo, un conjunto de relaciones organizadas según reglas que establecen qué, cómo, dónde y entre quiénes circulan los recursos materiales, económicos y políticos de la alimentación. En este sentido, el sistema alimentario es una red, y por esa red, además de alimentos, se distribuye el poder.
Desde hace varias décadas los estudiosos del sistema alimentario contemporáneo han criticado el desigual acceso a insumos, infraestructura, conocimiento, dinero o capacidad de decisión en todos los componentes y las fases del sistema. Por esta desigualdad, quienes concentran más poder reparten a conveniencia ganancias y pérdidas. Además de ser injusto, con demasiada frecuencia las inequidades del sistema alimentario se sostienen en relaciones de corrupción, entendida como el uso del poder para el beneficio particular o político, como explica Gabriela Camacho en Food Security and Corruption. Transparency International Helpdesk Answer (Transparencia Internacional, 2022).
Por todo esto, es importante explorar los rastros de la corrupción en los sistemas alimentarios locales e internacionales. No se trata solo de anomalías; en realidad, es un modo de proceder institucionalizado, facilitado e incluso promovido por el propio diseño del sistema alimentario industrial contemporáneo, un modelo dominante que favorece los desequilibrios de poder y es particularmente adverso a la seguridad alimentaria.
CORRUPCIÓN EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS LATINOAMERICANOS
Desde su creación en 2019, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ha sido más notoria por sus escándalos de corrupción que por sus logros. La Auditoría Superior de la Federación, máximo órgano fiscalizador del país, señaló la asignación de contratos millonarios sin licitación, simulación de competencia y adjudicaciones directas entre actores públicos y privados. También se han identificado compras de productos sin demanda y sin circulación que han terminado “extraviados” (como los lotes de pilas que inexplicablemente fueron a dar a tiendas de autoservicio en Polonia) o desechados (como las cerca de 500 toneladas de maíz podrido enterrado en Chiapas o los cientos de empaques de carne caducada de res y de pollo que fueron quemados en Puebla).
En febrero de 2020, el titular de la dependencia, Ignacio Ovalle, autorizó la compra ilegal de bonos bursátiles por 950 millones de pesos para “robustecer el flujo de efectivo en la entidad”. Al cabo, la inversión fue devuelta, pero los rendimientos generados —alrededor de 11 millones de pesos— siguen perdidos. Este hecho —o, quizá, el conocimiento público del hecho— solo ameritó que el titular de Segalmex saliera de la institución para dirigir otra entidad pública federal. Se calcula que el desfalco total del organismo ronda los 15 000 millones de pesos.
Como el caso de México, hay más en todo el mundo. En 2018, Transparencia Venezuela publicó su Informe de Corrupción, en el que da cuenta de cómo la expropiación de agroindustrias y su concentración en empresas del Estado han provocado la monopolización de los agroinsumos, lo que ha traído prácticas especulativas, esquemas clientelares en la distribución de alimentos, caída drástica de la calidad de los insumos y desabasto. En el informe se concluye que “la materia prima agrícola en los últimos 19 años ha sido manejada como instrumento de dominación y proselitismo político de la clase gobernante” venezolana.
En Brasil, en 2020 la empresa JBS, una de las mayores productoras de proteína animal en el mundo, se declaró culpable de haber repartido sobornos entre 2005 y 2017 para obtener financiamiento bancario en Estados Unidos por medio de empresas fachada. En Colombia, en el Foro Nacional Ambiental Repensar Nuestro Futuro 2021 se detectaron problemas graves, como cultivos improductivos, deforestación, incremento de las importaciones alimentarias y consumo generalizado de dietas insalubres. La extrema concentración de tierras no se ha traducido en una mayor productividad debido, en parte, a la falta de asistencia técnica, la pobreza rural y prácticas regresivas en la distribución del agua. El narcotráfico y la violencia también son parte de la explicación, pues generan desplazamientos forzados, despojos y más corrupción.
CÓMO AFECTA LA CORRUPCIÓN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
La corrupción es condenable por sí misma, pero lo es más cuando se cosechan los beneficios personales o políticos en contextos de precariedad de la inmensa mayoría. En México, seis de cada diez hogares sufrían inseguridad alimentaria en 2021. En Venezuela, en un estudio del Programa Mundial de Alimentos de 2019 se vio que la inseguridad alimentaria afectaba a 92% de la población. En Colombia, 30% sufría inseguridad alimentaria moderada o grave en 2022, y en Brasil, la falta de una alimentación adecuada alcanzó a 36% de la población en 2021. La inseguridad alimentaria en estos países, como en todo el mundo, es un fenómeno multicausal que no puede atribuirse únicamente a la corrupción ni tampoco es sencillo identificar su peso en la capacidad de la población para obtener comida. Sin embargo, es posible asegurar que la corrupción guarda una relación importante con la inseguridad alimentaria.
En un informe sobre seguridad alimentaria y corrupción de Transparencia Internacional se señalan múltiples prácticas ilegítimas, como cohecho en la certificación de empresas y productos alimentarios, contrataciones sin licitación, sobornos para facilitar la distribución, mercados negros y uso clientelar de la asistencia alimentaria. Estas prácticas empiezan por ser locales, pero se exacerban al extenderse a todo el mundo, puesto que se multiplican los intermediarios, los intereses y los recursos en disputa. Más aún, la corrupción implica fuga de recursos, cuyos costos son trasladados a los consumidores finales, quienes tienen que cargar con los perjuicios del desabasto, el encarecimiento o la volatilidad de los precios.
El sistema alimentario también está corrompido en la gestión de dos recursos esenciales: la tierra y el agua. La falta de títulos de propiedad, el despojo o los sobornos son las formas más comunes de corrupción en la adquisición y manejo de las tierras para la producción alimentaria y no alimentaria (destinada sobre todo a forrajes o biocombustibles). En cuanto al agua, el desvío de fondos, la contratación de proveedores inadecuados para la construcción y el mantenimiento de infraestructura, los sobornos y la falsificación de permisos de extracción, la creación de mercados irregulares o el cobro de tarifas extraoficiales para tener agua son malas prácticas presentes, de acuerdo con la Red de Integridad del Agua. Además, el menor acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y el agua las vuelve más vulnerables a diversas formas de violencia de género, entre las que destaca la “sextorsión”, la solicitud de favores sexuales a cambio de estos recursos, como señala Camacho.
La corrupción también facilita los crímenes alimentarios, como la adulteración, el robo, la sustitución, la desviación de desperdicios para reinsertarlos en la cadena de abasto, las formas ilegales de procesamiento de alimentos, el etiquetado engañoso, la falsificación de la fecha de caducidad, el fraude documental, así como por prácticas de competencia desleal, variación injustificada de precios, tráfico de personas, explotación laboral y delitos financieros relacionados con el sistema alimentario. Esta vertiente no solo compromete el acceso a alimentos, sino también su inocuidad y, con ello, la salud.
En resumen, la corrupción afecta todas las dimensiones de la seguridad alimentaria, desde la producción de alimentos (disponibilidad), hasta las garantías sobre su inocuidad (utilización), las dificultades de acceso y la imposibilidad de garantizarlo a lo largo del tiempo (estabilidad). También repercute en la explotación de la naturaleza, lo que pone en riesgo permanente la sostenibilidad de la vida.
CÓMO SE INSERTA LA CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA
¿Hasta qué punto estas formas de corrupción son prácticas forzadas sobre el sistema alimentario, o bien, consecuencias previsibles y evitables de su diseño actual? Los estudiosos del sistema alimentario internacional afirman que algunas de sus características lo vuelven especialmente vulnerable. Veamos tres ejemplos.
En primer lugar está la concentración, es decir, la dominación de un grupo pequeño de actores que definen los límites y las dinámicas del sistema. El sistema alimentario contemporáneo tiene tres formas esenciales de concentración: concentra la alimentación mundial en muy pocos granos básicos (maíz, arroz, trigo, soya); concentra la exportación de estos granos en pocos países y concentra el comercio mundial en muy pocas empresas. De esa gran concentración dimana, en segundo lugar, una gran dependencia de monocultivos, de insumos y tecnologías agrícolas, de exportadores y de grandes grupos privados. En tercer lugar se encuentra la financiarización del sistema alimentario, es decir, la creciente participación de alimentos e insumos agrícolas, convertidos en meras mercancías, en flujos financieros dirigidos por bancos, inversionistas, corredores de bolsa y comercializadoras, lo que los expone a una gran volatilidad que desestabiliza su precio y accesibilidad.
¿Por qué resquicios se cuela la corrupción? El poder que amasan las grandes industrias alimentarias les otorga un amplio margen para decidir sobre su propia regulación, y si bien muchas de las acciones que emprenden para aumentar sus ganancias no son estrictamente ilegales (a veces por falta de normatividad), están basadas en el uso del poder para maximizar los beneficios, es decir, el núcleo de la definición de corrupción. Así, aunque en algunas legislaciones están prohibidas, abundan las prácticas monopólicas u oligopólicas o, como vimos, la simulación o la deslealtad en la competencia entre actores en relaciones asimétricas, por ejemplo, entre grandes y pequeños productores o comercializadores.
En este sentido, la regulación inexistente, débil o violentada sin consecuencias es resultado tanto de la corrupción como de la dependencia histórica que tienen los gobiernos nacionales y locales de la industria alimentaria. La anuencia o la permisividad de los gobiernos —concedidas en circunstancias siempre opacas que minan la rendición de cuentas y favorecen la impunidad— son el reflejo de gobernanzas debilitadas y corrompidas, extraordinariamente necesitadas de los productos, la tecnología, la infraestructura, el conocimiento y el capital de las grandes corporaciones nacionales e internacionales.
Por otra parte, la concepción de los alimentos como mercancías para la acumulación de capital y no como bienes comunes ha desplazado el valor de la comida de los mercados convencionales a los financieros, donde la especulación y el acaparamiento, y no la seguridad alimentaria y nutricional, determinan dónde y cuánto invertir. Además, la longitud de las cadenas de abasto, extendida por la terciarización de diversos segmentos de la producción, la distribución y la comercialización, multiplica actores e intereses, con lo que se incrementa la dependencia de servicios, se dificulta la trazabilidad de los alimentos y se predispone a malas prácticas, como el soborno, la extorsión o el fraude.
¿HAY SOLUCIÓN?
En el sistema alimentario contemporáneo se subordina la alimentación a la generación y acumulación de ganancias mediante prácticas que los Estados, especialmente los más vulnerables, admiten y operan de maneras irregulares, opacas y, en ocasiones, ilegales.
El problema no es solo la corrupción del sistema alimentario, sino la existencia de un sistema predispuesto a ella. Es urgente reconfigurarlo para disminuir los márgenes cedidos a la corrupción solo porque les conviene a los actores dominantes.
Pensarlo de esta manera vuelve más grande y estorboso al elefante en la sala: el fin último del sistema alimentario industrial contemporáneo es la acumulación de capital, no garantizar el derecho a la alimentación. Esto se comprueba al observar que, incluso en tiempos de crisis e inflación alimentaria, las empresas transnacionales que participan intensivamente en la concentración y financiación perciben ganancias enormes.
Por lo anterior, además de acatar las recomendaciones para enfrentar la corrupción generalizada (regular, transparentar, fortalecer la rendición de cuentas y reducir la impunidad), la corrupción del sistema alimentario demanda acciones singulares: limitar la participación de los actores financieros; acotar la presencia de intermediarios recortando las cadenas de abasto; fortalecer los mercados locales; proponer medidas que limiten la inflación causada por movimientos especulativos, y diseñar y aplicar políticas fiscales para la industria alimentaria y sus ganancias, especialmente las que se generan en crisis.
Además de estas acciones, es imprescindible trabajar en el frente de las y los consumidores. La naturaleza absoluta y universal de la necesidad de alimentarnos hace que prácticas ilegítimas y opacas sean toleradas e incluso justificadas. Reducir la dependencia de estas prácticas también es una forma de combatir la corrupción. Para ello, es necesario fortalecer el poder adquisitivo de la población, garantizar un ingreso básico suficiente, suministrar alimentos adecuados a precios asequibles, reforzar las redes alimentarias locales, despojar a la asistencia alimentaria de imposiciones clientelares o caritativas y elevarla al grado de derecho. En este sentido, como una medida de justicia alimentaria, es urgente considerar a la alimentación como un componente fundamental de la protección social.
- Artículo publicado originalmente en la revista Foreign Affairs Latinoamérica, volumen 23, número 4, octubre-diciembre, 2023 ↩︎
Profesora investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación son la pobreza, la desigualdad, la reproducción social y la alimentación.
Correo: paloma.villagomez@academicos.udg.mx
