Numerosos estudios muestran que el acceso a alimentos y la calidad de las dietas de las y los jóvenes empeoran con el ingreso a la universidad por un conjunto de razones que tienen que ver con el nivel socioeconómico de la población estudiantil, la distribución de su tiempo en nuevas actividades, limitaciones de información y habilidades culinarias, la percepción de las y los jóvenes sobre sus necesidades alimentarias y los medios para satisfacerlas, así como la infraestructura y los arreglos institucionales de los centros educativos. Si bien estas problemáticas aquejan con más fuerza a estudiantes con menores recursos, quienes se encuentran en estratos económicos mejor posicionados también padecen algunos de sus efectos.
Más allá de las consecuencias en la salud, la literatura especializada detecta que la falta de acceso a una dieta adecuada –variada, suficiente, nutritiva y estable- entre la población estudiantil también está detrás del bajo rendimiento educativo, baja participación, dificultades para la concentración, afectaciones que generan rezago, ausentismo, reprobación y, a la larga, deserción escolar. El hambre, así sea temporal, tiene implicaciones materiales, fisiológicas, cognitivas y emocionales que distraen la energía y la motivación, imponiendo sus propias prioridades.
Ante la emergencia de la inseguridad alimentaria, que crece como un fenómeno global y como un problema público de las universidades, en el reciente proceso de elección de la persona que ocupará la rectoría de la Universidad de Guadalajara, la candidata ganadora, Mtra. Karla Planter Pérez, expresó en la exposición de su proyecto: “Es cierto, dar alimentos no es una función de la Universidad, pero una universidad pública no puede ser indolente ante esta situación y desentenderse del problema”.
¿Por qué es tan obvio que alimentar no es función de la Universidad? ¿Por qué no habría de serlo? Si entendemos a la educación media superior y superior como el derecho que es y reconocemos sus principios, sabemos que su ejercicio pleno es interdependiente e indivisible del goce de otros derechos, como la alimentación y la salud. Es decir, educación y alimentación están intrínsecamente vinculadas en una relación de afectación mutua y, por lo tanto, su atención, en tanto derechos, no puede jerarquizarlos o privilegiar uno sobre otro. Si bien el Estado –del que las universidades públicas autónomas forman parte- separa funcionalmente la atención a derechos específicos, nada impide que una misma instancia pueda, o incluso deba, participar en el cumplimiento de otros derechos.
Enfrentar al mercado
Por otro lado, regular la oferta de los alimentos que se comercializan dentro de las instituciones educativas es, sin duda, una de sus atribuciones y, como lo estipula la recién promulgada Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible (LGAAS), también es su obligación. Dicha Ley contempla un capítulo especial1 para la alimentación en entornos escolares en el que establece: 1) el derecho de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y distanciamiento geográfico a recibir alimentación adecuada en los planteles escolares; 2) la obligación de las instancias de educación básica de garantizar que en sus instalaciones se provea agua potable y alimentos adecuados, así como prohibir los que no lo son; y 3) la creación y divulgación de campañas de información y educación nutricional y sobre estilos de vida saludables2.
A pesar de que, lastimosa e incomprensiblemente, la LGAAS aún no cuenta con reglamentación secundaria que permita instrumentarla, la nueva disposición de la Ley General de Educación para erradicar la comida chatarra de los planteles educativos de todos los niveles, suma argumentos al papel decisivo de la educación y sus infraestructuras en el cumplimiento del derecho a la alimentación, un rol que las Universidades no sólo no cumplen, sino que en ocasiones entorpecen. Los espacios educativos son entornos complejos, relacionados económica, espacial y culturalmente con el paisaje alimentario en el que se insertan. La instalación de sedes académicas en áreas urbanas distantes o con escasa infraestructura de servicios alimentarios, limita la oferta disponible de alimentos y ejerce presiones adicionales sobre el dinero y el tiempo disponibles para comer adecuadamente.
Como una extensión de la mercantilización de los cuidados generalizada en nuestras sociedades, se ha privilegiado la venta de alimentos al interior de los centros educativos, donde confluyen intereses económicos diversos y en diferentes escalas: desde la venta ambulante informal –en la que frecuentemente participan los mismos estudiantes, como parte de un conjunto de estrategias legítimas para obtener ingresos-, hasta la gestión de concesiones para la administración de cafeterías o pequeños locales de comida. Se trata de negocios estructurados bajo la lógica de snacks, un concepto conveniente no sólo por razones pragmáticas –requieren insumos baratos, son fáciles y rápidos de preparar y transportar, y su consumo es popular-, sino también porque responden a una representación sociocultural de la juventud como una especie de transición en la que la escasez de recursos económicos se combina, según esta visión, con una disposición particular hacia el placer inmediato, así como la minimización del riesgo o los efectos del descuido a largo plazo.
Es importante reconocer que el estereotipo de la juventud como una etapa en la que se “prefiere” comer mal forma parte de un proceso de capitalización de las dietas precarias por parte de la industria alimentaria que las universidades no pueden avalar.
Hay alternativas
Y si bien es cierto que, como cualquier persona adulta, hay jóvenes que disfrutan comida considerada poco saludable, dicho imaginario también es cuestionado cotidianamente por iniciativas alimentarias comandadas por jóvenes con posturas éticas y políticas que promueven dietas conscientes, favorables al cuidado del cuerpo y el medio ambiente. No es poco frecuente encontrar en el comercio alimentario entre estudiantes ofertas de ensaladas o comida vegetariana o vegana, iniciativas para crear huertos o cocinas comunitarios, entre otras acciones que podrían ser apoyadas por las universidades. Por su parte, la presencia de comedores universitarios que ofrezcan comidas completas y mínimamente balanceadas es aún discrecional, depende de liderazgos locales y los precios son elevados para estudiantes que aspiren a realizar al menos una comida completa al día en los planteles educativos.
Es decir, si buscamos razones formales y explícitas para justificar que la alimentación sea parte de las necesidades que una universidad puede o debe atender, es fácil encontrarlas. Más aún, aunque las instituciones de educación media superior o superior no reconozcan a la alimentación como una de sus funciones sustantivas, es urgente reconocer que continuamente toman decisiones que podrían ser contraproducentes tanto en términos económicos como de salud, contribuyendo involuntariamente a la inseguridad alimentaria y a la reproducción de desigualdades.
Ante la complejidad del problema, ¿por qué sería evidente que los espacios universitarios se desmarquen de la función de alimentar? Entenderlo así es todavía más difícil cuando sabemos que existen instituciones educativas que sí abrazan esta misión. Pienso en los servicios alimentarios que ofrecen algunas facultades de universidades autónomas o centros públicos de investigación nacionales, donde existen comedores universitarios, generalmente concesionados, con o sin subsidio, pero siempre a bajo costo. Sí, algunos casos tienen poblaciones reducidas, pero también presupuestos menores y, en algunos casos, infraestructura limitada, lo que hace suponer que la visión y la voluntad política tienen un peso importante en la consideración del derecho a la alimentación como un deber compartido con el educativo.
La naturaleza de las funciones sustantivas que pueden o no tener las universidades depende de la visión que tengan de sí mismas como parte de un proyecto de justicia social que busca activamente redistribuir recursos y oportunidades. Esto implica entender, por un lado, que la educación media superior y superior sirven por sí mismas, no sólo en función del mercado de trabajo y, por otro, que sirven ahora, no sólo en el futuro. En el presente las universidades son espacios de socialización de y entre juventudes, amplían los horizontes culturales de toda su comunidad, descubren talentos alternativos a la profesionalización, forman vocaciones solidarias y, para muchas y muchos, son auténticos refugios frente a la soledad, la privación y la violencia. Todo ello requiere como soporte la mente, el alma y el cuerpo. ¿Por qué, si la función de la universidad depende tanto de esta trinidad, no debe ser parte de sus obligaciones cuidarla?
Negarlo es aún más contrastante en un momento global de reflexión en torno a la importancia de los cuidados, una conversación en la que la academia ha ocupado un lugar importante. Desde ahí hablamos de reorientar a la sociedad hacia el cuidado, de socializarlo, colectivizarlo, crear un sistema. Esto significa, justamente, redistribuir la obligación de satisfacer necesidades básicas –entre ellas la alimentación- entre los múltiples actores e instituciones que intervienen en las trayectorias vitales de las y los jóvenes, destacadamente el ámbito educativo, donde deseamos encontrarles.
Sin embargo, para lograrlo primero tenemos que acordar quiénes son las y los jóvenes para esa sociedad cuidadora. El sujeto político joven ocupa un lugar difuso en la imaginación de los cuidados: se le forma en lo productivo, pero como oposición a lo reproductivo, perpetuando la subordinación del cuidado al trabajo. Se le tutela y vigila en aras de su disciplinamiento, pero también se le abandona y se le exigen muestras de autonomía. Constantemente se le pide que se solidarice con los demás y, al mismo tiempo, que pruebe que no nos necesita. Nos preocupa mucho su salud mental, pero no reconocemos que empezar a restaurarla, en muchas ocasiones, podría pasar por reducir la incertidumbre sobre qué comerán ese día.
Si la alimentación es una función sustantiva o no de las universidades es una pregunta que tendremos que responder en medio de una crisis de reproducción social y de lo público. La financiarización de satisfactores clave y la austeridad centrada en los servicios básicos, refuerzan la privatización y la familiarización de la subsistencia, al mismo tiempo que la amenazan. Las instituciones educativas enfrentan embates que le exigen reducir sus funciones al mínimo. A pesar de ello, siguen estando en la primera línea de contención intelectual y emocional del descuido generalizado al que nos ha llevado la precarización de la vida.
La educación media superior y superior es una construcción histórica; además de la producción y transmisión del conocimiento, no hay nada absoluto ni fijo en su misión. Será fundamental no cancelar de tajo la posibilidad de preguntarnos si su función nutricia alcanza no sólo a las mentes, sino también a los cuerpos.
- Capítulo II, artículos 16 al 18. ↩︎
- De manera interesante y desafortunada, la Ley de Alimentación adecuada y estilos de vida saludables en el estado de Jalisco, publicada un poco antes que la LGAAS pero con claras coincidencias, excluye a la educación media superior o superior de sus lineamientos ↩︎
Profesora investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación son la pobreza, la desigualdad, la reproducción social y la alimentación.
