Los clientes del prestigioso campo de golf de Sant Cugat quedaron consternados al encontrar banderas y hoyos dañados en su querido club. Esta «acción directa»1 de provocación fue llevada a cabo por Arran, la organización juvenil española de la izquierda independentista catalana. Su vandalismo en Sant Cugat fue una protesta contra el despilfarro de agua destinada a «lujos de la burguesía». Recientemente, militantes de Arran han lucido pancartas en las que se leía «agua para la vida, no para el golf».
El uso del agua es un problema cada vez más acuciante en España. El país se enfrenta a una sequía sin precedentes que se ha acrecentado por las recientes olas de calor y que amenaza con una escasez de agua generalizada para los cultivos. Durante meses, las autoridades españolas se han preocupado por legislar para salir de la crisis.
Esta sequía es consecuencia de la falta de lluvias, pero se ha visto agravada por el modelo de producción agroindustrial. Como lo señaló Greenpeace, el consumo de agua del país supera con creces su equilibrio sostenible. Esto se debe principalmente a un reciente cambio en el modelo de producción que favorece la agricultura y la ganadería industriales intensivas, que, por sí solas, representan el 80% del consumo total de agua de España. Así pues, aunque las autoridades catalanas hayan limitado el consumo de agua de uso agrícola, reduciéndolo en un 25% para fines industriales y recreativos, este sector continúa empleando el recurso hídrico de forma desproporcionada.
Una de las respuestas favoritas de las autoridades ha sido la imposición de fuertes restricciones al consumo personal de agua. Decenas de municipios implementaron límites máximos para el consumo per cápita y es probable que muchas más regiones se sumen a dicha iniciativa. Quienes residen en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Cataluña han tenido restricciones en el uso de agua desde finales de febrero de 2023. Esto obligó a muchas personas a pasar meses sin regar sus huertos domésticos de los que dependen para su sustento. La agencia France 24 informó que, en respuesta al racionamiento, mucha gente en España también está ahorrando agua en botellas e incluso ha renunciado a ducharse.
Sin embargo, este planteamiento exonera a los principales culpables. Así las cosas, José Albiac, investigador en gestión del agua de la Universidad de Zaragoza, señaló «El ahorro de los hogares es importante, pero el principal problema radica en que se saca demasiada agua de los ríos para regar los campos», un dato que cobra mayor relevancia si consideramos que una tercera parte del territorio español son tierras cultivadas2.
Puede parecer extraño que, en medio de una escasez extrema y del sacrificio de la clase trabajadora, los campos de golf mantengan verde su césped y en los supermercados de Europa del norte se encuentren naranjas durante todo el año. Pero esta dualidad es coherente con lo que académicos como Andreas Malm han denominado «gobernanza climática capitalista». Dicha expresión denota un patrón de reformas contraproducente en el que las cargas de la mitigación climática recaen de manera apabullante sobre las personas y comunidades menos favorecidas. Además, bajo la gobernanza climática capitalista, los estados suelen extender —de manera desproporcionada— la mano flexible de la asistencia pública a la gente más rica.
Naranjas todo el año
En este frente, España resulta también un caso ilustrativo. El gobierno español —encabezado por una coalición claramente de izquierdas— aprobó miles de millones de euros en subsidios para agricultores. Parte de esta ayuda adoptó la forma de subvenciones directas con un alcance tan alto que funcionarios del mismo gobierno calificaron de «sin precedentes». Mientras que el resto de la ayuda llegó a manera de impactantes reducciones que alcanzaron el 25% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de alrededor de 800 000 agricultores.
Así pues, mientras la clase trabajadora española languidece en medio de la crisis, sus impuestos financian donaciones masivas a la agroindustria, pero sobre todo a los grandes capitales y fondos de inversión que han encontrado en la compra y gestión de terrenos de cultivo una inversión estable de altos rendimientos. Ejemplo de ello es el acuerdo que firmaron en 2022 la empresa española Citri&Co y Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments), uno de los mayores gestores de inversiones de pensiones de Canadá.
Así, además de tener un activo (la tierra) que protege a los inversionistas incluso de las fluctuaciones inflacionarias, los apoyos gubernamentales aseguran la rentabilidad del negocio, en un país que tiene la ventaja geográfica de empezar a producir antes que el resto de Europa. Según el informe «Suelo agrario en España 2022» de la empresa de tasación de bienes inmuebles Tinsa:
«Los [cultivos] más rentables son las hortalizas, con una rentabilidad superior al 10%, seguidas por los cultivos de invernadero, los cítricos y los frutales. En una escala menor nos encontramos con el resto de los cultivos, cuya rentabilidad oscila entre el 6% de la vid y el 4% de los pastos».
Esto resulta aún más injusto si se tiene en cuenta que los titulares de los grandes capitales son, en buena parte, culpables del desastre actual. La sequía de España se acrecentó por las temperaturas inusualmente altas, que, a su vez, son resultado directo del cambio climático antropogénico. Y la responsabilidad de esto —explica el antropólogo económico Jason Hickel— «la tienen en gran medida las clases adineradas». Después de todo, se trata de personas que «tienen un consumo muy elevado y… ejercen un poder desproporcionado sobre la producción y la política nacional». A partir de ahí, Hickel concluye que —moralmente— las personas ricas «son quienes deben soportar los costes de la compensación».
Pero eso no es precisamente lo que ocurre bajo la gobernanza climática capitalista. Y, en la actualidad, España lo está experimentando de primera mano. Sirva esto de advertencia.
Si bien el cambio climático está perjudicando a España en forma dramática, también está demostrando que ningún territorio está a salvo del colapso ecológico. Aunque el sur global sigue viéndose afectado en mayor medida, incluso el norte global —como es el caso español— enfrenta retos importantes. Grecia e Italia se suman a los ejemplos de naciones de renta alta que soportan el peso del cambio climático. Durante los veranos de 2022 y 2023 estos estados mediterráneos fueron «arrasados por incendios forestales de pesadilla».
Los problemas actuales de España se deben —en gran medida— a un sistema en el que las naciones ricas del norte global extraen recursos biofísicos de las regiones más pobres del sur y eso incluye a naciones pobres del norte global. Al hacer esto, los importadores ricos pueden trasladar las cargas ecológicas a otros territorios, en este caso, a España. Como se dijo antes, la agricultura y la ganadería industriales representan por sí solas el 80% del consumo total de agua de España. Estas prácticas intensivas tienen como finalidad abastecer el mercado del norte de Europa de alimentos superfluos. Como dice Rafael Seiz, coordinador del Programa del Agua del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF): «No estamos alimentando al Cuerno de África con el regadío, sino saciando que unos pocos tengan naranjas todo el año».
Con la humanidad corriendo hacia el precipicio del colapso medioambiental, necesitamos mejores respuestas políticas que la gobernanza climática capitalista. Como señala Malm, los estados capitalistas son estructuralmente incapaces de «procesar cierto tipo de información, como aquella relativa al clima». Además, poseen una asombrosa «determinación para que todo siga igual a cualquier precio». Para abordar adecuadamente la crisis climática es necesario atacar y, en última instancia, desmantelar estas deficiencias estructurales. O como dice Malm: «Cualquier avance hacia el objetivo de evitar el colapso climático total… requiere que los palacios [de la clase capitalista] sean invadidos y asaltados».
No podemos seguir flotando por más tiempo. Tarde o temprano, nos veremos obligados a hundirnos o nadar.
Este texto fue escrito originalmente en inglés y publicado en alemán en Klimareporter .
- Una acción directa es un modo de resolver una práctica conflictiva de manera directa de parte de las personas afectadas sin intermediación de las autoridades. Este mecanismo tiene sus bases teóricas arraigadas en el anarquismo con acciones como el derecho a huelga o el boicot violento, sin embargo existe una vertiente no violenta, que es la base de movimientos como Greenpeace y otras organizaciones, e incluso podríamos considerar muchas de las acciones que llevaron a la independencia de la India están inscritas en esa vertiente. (N.T.) ↩︎
- Tinsa Researh, Suelo agrario en España 2022, p.6
https://www.tinsa.es/servicio-de-estudios/otros-informes/suelo-agrario-2022/ ↩︎
Bernardo Jurema es Investigador Asociado en el proyecto Gobernanza Democrática para las Transformaciones Ecopolíticas (Ecopol), en el Instituto de Investigación para la Sostenibilidad - Helmholtz-Centre Potsdam (RIFS). Ha trabajado en organizaciones internacionales y think tanks de Europa y América Latina. Es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Pernambuco, Máster en Política Comparada por la London School of Economics and Political Science y Doctor en Ciencias Políticas por la Freie Universität de Berlín.
Elias Khoury estudió Políticas Públicas en la London School of Economics and Political Science. Ha trabajado para organizaciones progresistas sin ánimo de lucro, grupos de reflexión y revistas de todo Estados Unidos. En la actualidad Elias escribe como freelance y ha cubierto temas medioambientales para numerosas publicaciones, entre ellas Newsweek y Jacobin. Pero también disfruta escribiendo sobre otros temas como política exterior, economía y justicia penal.
