Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation y se reproduce bajo licencia CC
España es un país eminentemente árido, es decir, tiene condiciones climáticas caracterizadas por una importante escasez de humedad. Para ser más concretos, el 67 % del territorio tiene un índice de aridez –la relación entre la precipitación y la evapotranspiración de las plantas– inferior a 0,65, lo que se cataloga como tierras secas o zonas áridas. En este contexto, la demanda de recursos hídricos, lejos de ceñirse a su disponibilidad, no ha parado de crecer en los últimos cincuenta años.
Esa es la principal razón de la escasez de agua y la base de numerosos conflictos hídricos, y sitúa a España como unos de los países con mayor estrés hídrico (el 29 de 164). Esta escasez ya no es de índole natural, y se define como la brecha entre la oferta disponible y la demanda expresada de agua dulce en un ámbito determinado, bajo los marcos institucionales vigentes (incluidos tanto los mecanismos de fijación de precios del recurso como las tarifas de suministro), así como las condiciones de infraestructura, implicando siempre una dimensión humana en la reducción de la disponibilidad natural de agua.
Las numerosas infraestructuras para captar, acumular y distribuir agua, y la modernización de los sistemas de regadío, responden al mantra de que en España no se malgasta ni una sola gota de agua. Todos los caudales que van a parar al mar se perciben a veces como un desperdicio y cada vez que llueve a mares se lamenta no tener más embalses que acumulen toda esa agua.
Miles de toneladas de frutas y verduras sin salida comercial
El supuesto fervor por acaparar cada gota de agua y transformarla en riqueza choca con la delirante imagen de campos cubiertos de frutas y hortalizas que se pudren al sol. Los bajos precios en origen existentes en determinados momentos del año hacen que a los agricultores no les merezca la pena invertir más recursos en recolectar la cosecha. Así, cada año, tras los enormes esfuerzos que supone regar, fertilizar y cuidar miles de hectáreas de cultivo, el producto final ni siquiera entra en los circuitos comerciales.
A partir de los datos que quincenalmente recopila el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y los coeficientes de uso de agua y de emisión de CO₂, por tipo de cultivo y por comunidad autónoma, hemos estimado este desperdicio para el período 2018-2024.
A lo largo de este periodo se descartaron 483 624 toneladas de producto excedente, lo que equivale a una huella hídrica de casi 36 hm³ anuales y a una huella de carbono de 36.694 toneladas de CO₂ equivalente (t CO₂-eq) al año. Estos descartes no se destinan directamente a residuos. Una parte de los alimentos descartados (32,9 %) se utiliza para alimentación animal, otra se dona a bancos de alimentos (55,4 %) y, finalmente, el 11,7 % se destruye.
El tomate es el cultivo con mayor volumen de descartes, seguido por la naranja y el caqui. En términos de huella hídrica, el cultivo con mayor impacto es la ciruela, con 3 759 miles de m³ año⁻¹. Le siguen los caquis y las naranjas. En cuanto a la huella de carbono anual, el tomate vuelve a destacar claramente, alcanzando 3 100 t CO₂-eq año⁻¹. A continuación, se sitúa el melón (2 356 t CO₂-eq año⁻¹) y la nectarina (2 209 t CO₂-eq año⁻¹).
A escala regional, el mayor volumen de descartes se registra en la Región de Murcia, con 20,2 kt toneladas al año, y un total de 141,4 kt en el periodo 2018–2024. Le siguen Andalucía (17,9 kt año⁻¹ y 125,9 kt acumuladas) y la Comunidad Valenciana (16,7 kt año⁻¹ y 119,6 kt).
En términos de huella hídrica, el mayor desperdicio corresponde a la Comunidad Valenciana, con 8,78 hm³ año⁻¹ y una huella hídrica total de 61,5 hm³ durante el periodo de estudio.
Producir a gran escala para bajar costes
Los bajos precios explican el abandono de cosechas en perfecto estado para el consumo. Pero ¿qué origina esos precios reducidos? En gran medida, la lógica de la eficiencia económica. Para ser competitivos, los productores buscan reducir sus costes de producción, lo que les lleva a adoptar modelos de producción a gran escala, no exentos de importantes implicaciones sociales y ambientales.
El objetivo es generar grandes volúmenes de producción para minimizar el precio por unidad. Para ello, se recortan costes allí donde es posible –especialmente costes laborales u obviando las obligaciones con el medioambiente– con el fin de compensar las inversiones necesarias en tecnología, infraestructuras e insumos agrarios, que permiten incrementar los rendimientos por explotación.
Esta dinámica genera una espiral de inversión, endeudamiento, sobreproducción y caída de precios que termina atrapando al agricultor en un sistema perverso, en el que solo aquellos con mayor capacidad financiera logran sostenerse.
El descarte de cosechas en perfecto estado no es más que un síntoma de este modelo agrario que favorece la concentración de la producción en un número cada vez menor de agentes y genera numerosas externalidades negativas. Estas acaban siendo asumidas por la sociedad en su conjunto –y no por quienes se benefician de la producción a gran escala–, como ocurre, por ejemplo, con la necesidad de construir desaladoras tras la sobreexplotación de las aguas subterráneas.
Estas cifras son solo la punta del iceberg
El recuento del FEGA responde a la subvención (hasta el 5 % de la cosecha) que reciben los agricultores para paliar esos bajos precios. Por encima de ese porcentaje no hay cobertura, aunque los descartes de cosechas pueden seguir produciéndose.
Una simple comprobación revela la verdadera magnitud del desperdicio. En marzo de 2024 apareció en la prensa la noticia del abandono de 300 000 toneladas de limones, el 30 % de la cosecha, en Alicante. Las cifras del FEGA muestran que, para todo el año 2024, en toda la Comunidad Valenciana, se habían descartado 132 toneladas.
Atendiendo a esta comparación, a la nutrida partida de noticias que reseñan estos descartes y a las imágenes de campos donde la fruta se pudre, parece evidente que este tipo de desperdicio no es algo puntual ni anecdótico, sino que supone un despilfarro inaceptable en un contexto de creciente escasez hídrica. Por aquellas fechas del desperdicio limonero, se planteaba llevar agua en barco a Barcelona debido a la pertinaz sequía. Está en juego nuestra seguridad hídrica mientras las reglas del mercado y la eficiencia a la que no se deja de aludir siguen desperdiciando agua.
Jaime Martínez Valderrama es Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Es especialista en Desertificación y Cambio Global. El objetivo general de su investigación es profundizar en la comprensión de las relaciones entre los el uso del suelo y sus impactos en las zonas áridas. Para ello hace uso de modelos integrados en los que se analiza su estabilidad frente a diversos escenarios.
Emilio Guirado es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde desarrolla su actividad científica en la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA). Su trabajo se sitúa en la intersección entre la ecología de zonas áridas, la teledetección y la inteligencia artificial aplicada al análisis ambiental.
Fernando T. Maestre Gil es premio extraordinario de licenciatura (1999) y doctorado (2005) por la Universidad de Alicante, habiendo recibido también el premio al rendimiento académico de la Generalitat Valenciana (1999). Tras su paso por la Universidad de Duke (USA, 2003-2005) se incorpora a la Universidad Rey Juan Carlos, donde fue Catedrático de Ecología. En mayo de 2019 se incorpora como Investigador Distinguido a la Universidad de Alicante, donde dirige el Laboratorio de Zonas Áridas y Cambio Global.
Investigador predoctoral en geografía física y análisis regional, Universidad de Alicante
Es Catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, donde imparte clases de Ordenación del Territorio, Climatología y Riesgos Naturales. Ha centrado sus investigaciones en diversas temáticas geográficas. Es autor o coautor de numerosas publicaciones (artículos, capítulos de libro y monografías).
Doctor en teledetección por la Universidad de Valencia. Su carrera profesional se ha llevado a cabo tanto en el sector privado como en el público, pero siempre ligada al manejo de datos espaciales. Su investigación abarca una amplia variedad de temas, desde la normalización de señales satelitáles hasta la ecología, pasando por la clasificación de cultivos. Más recientemente, se encuentra investigando los procesos de desertificación en España.
