Este texto de Jonathan de Óleo-Ramos fue publicado originalmente en el portal dominicano Acento y lo reproducimos con autorización de su autor.
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La cultura nunca ha sido ni será un territorio neutral. En cada festividad, en cada toque de tambor de nuestras cofradías y hermandades, en las aulas universitarias y en la mesa familiar se disputan activamente las memorias de nuestros pueblos, las interpretaciones de la historia y el derecho fundamental a imaginar horizontes emancipatorios. Cuando los proyectos políticos de ultraderecha convierten a los artistas, las academias públicas, los museos, centros culturales, los investigadores sociales y las colectividades comunitarias en sus principales «enemigos de Estado», no presenciamos una inocente divergencia presupuestaria o de gusto estético. Estamos ante una ofensiva metódica para dictar qué conocimientos son legítimos, qué cuerpos tienen derecho a enunciarse y qué memorias deben ser sepultadas bajo el manto del olvido oficial.
En mis recorridas por los territorios caribeños conversando con portadores de tradición, comadronas, cantadores patrimoniales, gestores comunitarios, cocineras y colegas en las aulas académicas, esta tensión no es una abstracción teórica: se siente en la piel de la gente. Existe un temor histórico a la memoria insumisa. Lo que observamos en la región, en un diálogo simbiótico con los giros conservadores del Norte Global, nos exige formular una pregunta desde la mirada propiamente ontológica:
¿Por qué el pensamiento libre, la autonomía de las ciencias sociales y la diversidad de las sabidurías populares resultan sistemáticamente amenazantes para el orden neoconservador?
La respuesta trasciende la mera coyuntura electoral o el dogmatismo económico. Se sitúa en la intersección entre el poder, la producción epistémica y el imperativo de control social. Reducir el presupuesto de las universidades, debilitar los ministerios de cultura, estigmatizar el pensamiento crítico o intervenir los museos no son simples «ajustes presupuestarios», son actos de disciplina gubernamental orientados a neutralizar cualquier sujeto político capaz de cuestionar el status quo.
La cosa colonizada
Pienso que para entender el entramado actual debemos remitirnos a las matrices estructurales que configuraron nuestra región. Estamos muy claros que la invasión y colonización de nuestros territorios no se agotó en el despojo de tierras y la esclavización brutal de poblaciones indígenas y africanas, eso conllevó una profunda imposición epistemológica. Se construyeron jerarquías rígidas que situaron al hombre blanco y eurocéntrico en el centro de toda la razón, mientras degradaron las cosmovisiones afrodescendientes e indígenas a la categoría de «superstición», «folklore» o «paganismo», lo que sigue vigente.
El sociólogo peruano Aníbal Quijano (2000) conceptualizó este fenómeno como la colonialidad del poder, muy estudiada en la academia en los estudios descoloniales, una estructura de dominación que sobrevivió a las independencias formales y que continúa operando en el control de la autoridad, el trabajo, la subjetividad y el conocimiento. Es esta misma colonialidad la que hoy reactiva la ultraderecha cuando tilda de «ideología» a todos los saberes y prácticas que no responda a la matriz patriarcal, racista y monocultural.
En este punto resulta insustituible el pensamiento analítico de Frantz Fanon (1961) en Los condenados de la tierra. Fanon nos enseñó que el régimen colonial busca cosificar de manera absoluta al sujeto subyugado, transformando a la persona y a su comunidad en la «cosa colonizada», un objeto desprovisto de agencia epistémica, de historia y sobre todo de valor intrínseco. Sin embargo, como el propio Fanon advierte, la «cosa colonizada» nunca se asimila de forma pasiva; en el momento en que toma conciencia de su negación y convierte su manifestación cultural en trinchera, esa «cosa» se autoafirma como sujeto histórico en rebelión, lo que ha caracterizado siempre a nuestros pueblos.
La cosa colonizada se convierte en hombre en el proceso mismo por el cual se libera. La cultura popular y el conocimiento comunitario no son adornos; son las herramientas fundamentales para restituir la humanidad negada por la colonialidad del poder, refiere Frantz Fanon (1961).
Cuando observamos las prácticas culinarias tradicionales, los sistemas de curandería y los rituales afrocaribeños, comprendemos que no son meras expresiones folkloricas para el consumo turístico. Son verdaderos archivos de resistencia. Laurajane Smith (2006) expone cómo el Discurso Patrimonial Autorizado (AHD) intenta encorsetar la memoria en monumentos estáticos y relatos oficiales dirigidos por expertos tecnócratas. Frente a esto, las culturas populares oponen patrimonios vivos y memorias disidentes que desafían la versión homogénea que el poder procura imponer.
Como señalaba Paulo Freire (1970), la educación y la cultura son actos constitutivos de libertad o de dominación.
La ultraderecha no inventó las jerarquías coloniales ni las brechas raciales de nuestras sociedades, pero las instrumentaliza estratégicamente. Sabe perfectamente que un pueblo consciente de sus raíces africanas e indígenas, respaldado por una educación crítica, es incontrolable desde el dogma totalitario.
Radiografía de la embestida: Trump, Milei y el despertar de Brasil
El escenario continental expone con crudeza las diversas modalidades de esta guerra simbólica. Las experiencias contemporáneas en Estados Unidos, Argentina y Brasil nos permiten trazar una cartografía del asedio neoconservador y de las respuestas comunitarias que emergen en defensa de los derechos culturales.
Estados Unidos: En 2025, la administración de Donald Trump promovió normativas represivas destinadas a denegar subvenciones públicas a proyectos artísticos e investigaciones académicas que abordaran la equidad de género o la diversidad racial, bajo el estigma de la «ideología de género». Esta política fiscalizadora fue frenada por un fallo federal que determinó que restringir recursos en función de contenidos ideológicos violaba flagrantemente la Primera Enmienda sobre la libertad de expresión (Reuters, 2025). Este antecedente confirma que el recorte de fondos no es neutral: es censura económica dirigida a asfixiar la disidencia.
Argentina: El gobierno de Javier Milei ha desplegado un feroz programa de desmantelamiento del Estado bajo el dogma del «déficit cero». Su principal foco de ataque ha sido la universidad pública y los organismos científicos como el prestigioso CONICET. En octubre de 2026, gigantescas movilizaciones de estudiantes, docentes y trabajadores tomaron las calles argentinas para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo y denunciar el ahogamiento presupuestario. La universidad pública y la educación pública en nuestra América Latina ha sido y es el espacio democrático por excelencia para la movilidad social y el pensamiento autónomo; asfixiarla equivale a hipotecar la soberanía epistémica de una nación.
Brasil y el despertar popular: El caso de Brasil resulta paradigmático para comprender tanto la degradación institucional como la capacidad de erupción y levantamiento popular. Durante el mandato de Jair Bolsonaro, el Ministerio de Cultura fue degradado a una mera secretaría subordinada en cuartito en 2019, mientras se censuraban producciones artísticas y se estigmatizaban las manifestaciones de matriz africana. No obstante, la resistencia articulada por los movimientos sociales, los colectivos culturales y el pueblo en los territorios fue determinante para el giro político que permitió el retorno de Lula da Silva y la refundación del Ministerio de Cultura en 2023.
Brasil ha demostrado que cuando la ultraderecha le declara la guerra a la cultura, el pueblo no se repliega de forma indefinida: despierta, reorganiza sus bases y convierte el arte y la tradición en el motor central de la restitución democrática. La experiencia brasileña es hoy un faro para toda la región, evidenciando que la cultura es la última trinchera que el autoritarismo jamás logra conquistar por completo.
Dogmatismo y moralismo: los casos de Colombia y Perú
La alineación de las ultraderechas con sectores religiosos dogmáticos constituye otro eje neurálgico de este debate. Es fundamental precisar que la fe religiosa es diversa y que múltiples comunidades evangélicas y católicas trabajan activamente por los derechos humanos y la equidad social en nuestra región. Sin embargo, el problema ético-político surge cuando cúpulas neoconservadoras sellan alianzas corporativas con proyectos de extrema derecha para imponer una moral particular como norma única de Estado, tal como analizan Krause et al. (2025) al examinar la conducta electoral y el discurso dogmático en Brasil, o Macedo y Jacobucci (2020) al documentar cómo se instrumentalizó el concepto de «ideología de género» para boicotear el Acuerdo de Paz en Colombia.
Esta embestida moralista se traduce directamente en violencia institucional contra la memoria histórica. Los sucesos recientes en Colombia y Perú durante el mes de octubre de 2026 ilustran la gravedad de esta coyuntura, como la censura museística en Colombia con el desmonte unilateral de más de treinta piezas en el Museo Nacional que, por disposición del gobierno de Abelardo de la Espriella, censuró obras e instalaciones vinculadas a la memoria del conflicto armado, el movimiento feminista y la diversidad LGBTIQ+. Esta intervención gubernamental sobre la curaduría profesional vulnera la autonomía de las instituciones culturales y pretende imponer un relato edulcorado que invisibiliza el dolor y las luchas de las víctimas. Al día de hoy se conoce que un juez falló en contra de la decisión y deberán ser integradas las obras de arte al museo.
La purga curricular en Perú con la presidenta Keiko Fujimori con lo que en ese país han llamado la purga de los contenidos curriculares en las escuelas públicas bajo el argumento de eliminar la «ideología» de los textos escolares. Pretender una educación «sin ideología», es la coartada perfecta para borrar el pensamiento crítico, la educación sexual integral y el análisis sociohistórico de las desigualdades de género y clase. Pero este tipo de acciones son marcos referenciales de estos gobiernos y sus políticas.
Frente a estos atropellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas, 1966) y la Observación General No. 21 del Comité DESC (2009) establecen de forma categórica que los derechos culturales son derechos humanos fundamentales de carácter vinculante. El Estado tiene la obligación jurídica de garantizar el acceso, la libertad de creación y la participación plena en la vida cultural sin discriminación ideológica ni dogmática.
Resistencia epistémica desde el Caribe
En el contexto dominicano y caribeño —desde el que escribo este texto—, donde las vivencias de las cofradías, la religiosidad popular, las músicas comunitarias y los conocimientos intergeneracionales son blanco constante de miradas prejuiciosas y recortes institucionales, estas discusiones no son académicas de cubículo: son batallas por la dignidad. La Convención de la UNESCO (2003) para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial señala que la vitalidad de las tradiciones radica en la capacidad de las propias comunidades para recrearlas de manera autónoma. No necesitamos patronazgos neocoloniales que «folkloricen» al sujeto; exigimos políticas públicas con presupuesto digno que respeten las dinámicas propias de los territorios.
Frente al avance del autoritarismo, la respuesta no puede ser el silencio ni la desesperanza. Brasil ya ha mostrado el camino de la reconquista democrática, y a lo largo de nuestra América Latina y el Caribe se percibe un alborotado despertar popular. La cultura es el fuego sagrado que preserva la humanidad de los pueblos cuando las noches del autoritarismo se vuelven más oscuras.
Nos encontramos en un punto de inflexión histórico. Cuando la ultraderecha le declara la guerra a la cultura, le está declarando la guerra a la capacidad misma del ser humano para pensar, sentir, crear y ser libre. Pero se equivoca el poder si cree que, silenciando un museo, cerrando un programa universitario o quitando un presupuesto apagará la llama insumisa de la gente. La cultura vive en las manos que repican el tambor, en la comadrona y el curandero que trae vida al territorio, en el aula crítica que cuestiona el dogma y en el pueblo que se levanta en las calles para defender su destino. Ni sumisos, ni en silencio: la cultura se defiende de pie.
Antropólogo y docente investigador dominicano, PhD en Humanidades y Patrimonio Cultural, especialista en estudios afrolatinoamericanos, Ciencias Sociales, políticas culturales, gestión pedagógica y antropología de la alimentación. Autor y coautor de obras, artículos científicos y de opinión sobre sus líneas de investigación. Entre sus obras se destacan Antropología del Plátano y Cofradías Dominicanas del Espíritu. Es CEO de @folklorerd.
