Esta historia fue publicada originalmente por Rutas del Conflicto y se reproduce con autorización del medio.
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Exjefes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, que fueron claves en el proceso judicial en los Estados Unidos en contra de Chiquita Brand, han entregado declaraciones similares en diferentes instancias judiciales que señalan a otra multinacional de tener vínculos con los paramilitares. Se trata de la bananera estadounidense Dole Food, una empresa que tiene varias décadas de presencia en el país y que cuenta con socios comerciales de la costa Caribe colombiana, como varios miembros de la familia K’David, propietarios de una red de empresas relacionadas con el negocio de esta fruta en el departamento del Magdalena.
A diferencia de lo que ocurrió con Chiquita, los funcionarios de Dole y las empresas asociadas no fueron condenados en Estados Unidos. Rutas del Conflicto pudo verificar que en Colombia, a pesar de que en 2016 el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla compulsó copias a la Fiscalía, no se ha abierto ninguna investigación para determinar la responsabilidad de los empresarios.
El exparamilitar José Gregorio Mangones, alias ‘Tijeras’, ha señalado en varias instancias judiciales en Colombia y Estados Unidos que, al igual que Chiquita Brand, Dole le pagaba al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que le brindara seguridad en el entorno del cultivo de banano.
Además, Mangones dijo en la versión libre que administradores de las fincas en la que se cultivaba el banano de las dos empresas «los buscaban regularmente para identificar a personas específicas como ‘problemas de seguridad’», que luego eran asesinadas.
A partir de este testimonio y de denuncias hechas por las víctimas, el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla en dos sentencias: una contra el paramilitar René Garavito Zapata, alias «Nicolás» en 2016, y otra contra «Tijeras» en 2018, le requirieron a la Fiscalía investigar la presunta responsabilidad de funcionarios de Dole y la empresa Agrícola Eufemia en el entorno de un caso de desplazamiento forzado. Se trata de la comunidad campesina de las fincas Las Franciscas en el municipio de Zona Bananera, en Magdalena, que tuvo que dejar esas tierras luego de amenazas y varios homicidios cometidos entre 2001 y 2005, en medio de una disputa por la propiedad de esas tierras con la bananera Dole y sus socios en Colombia.
El requerimiento a la Fiscalía por parte del Tribunal no tiene mayores detalles sobre los nombres de los directivos de las dos compañías, ni especifica en detalle la relación entre Dole y Agrícola Eufemia en Colombia. Este vínculo es clave para entender el complejo entramado empresarial alrededor del negocio de la multinacional e identificar quiénes son sus socios en el país.
Rutas del Conflicto pudo establecer que, a enero de 2025, la Fiscalía General de la Nación no tiene ninguna investigación abierta por estos hechos en contra Luis Fernando Díaz Díaz, representante legal y gerente de Agrícola Eufemia durante los años mencionados, ni contra Wilson Sotomonte Carrillo, un empleado de la misma empresa, mencionado por las víctimas dentro de la sentencia del Tribunal de Barranquilla. Para la fecha en la que ocurrieron los hechos, no existía en Colombia una sucursal directa de la multinacional Dole, por lo que resulta difícil identificar quiénes serían los directivos a los que se refiere el Tribunal de Barranquilla.
En la sentencia de 2018, el Tribunal le pidió a la Procuraduría General Nación que hiciera seguimiento al requerimiento hecho a la Fiscalía «en aras de satisfacer los derechos de las víctimas». Rutas del Conflicto obtuvo un documento del ente disciplinario con fecha de 2021 en el que la fiscal 99 especializada, Martha Ligia Bernal, señala que «consultó las bases de datos sobre las versiones libres rendidas por los postulados con relación a los hechos delictivos cometidos por estas empresas, sin haber encontrado ninguna información al respecto que justifique el requerimiento efectuado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla frente a la compulsa de copias contra las empresas mencionadas».
En el mismo documento, la Fiscalía explicó que, a pesar de no encontrar información, se remitió la orden para que se abriera una investigación a la Dirección Seccional de la Fiscalía en Magdalena, que a su vez la envió a la Fiscalía 5 Especializada de la Ley 600. Sin embargo, ante el seguimiento de la Procuraduría, ese despacho señaló que nunca le fue asignada esa investigación.
Es decir, el proceso se refundió entre las oficinas de la Fiscalía y, según el documento de la Procuraduría, no se abrió ninguna investigación. En ese mismo documento, la entidad disciplinaria le pidió a la Fiscalía que le pidiera un informe al Tribunal de Justicia y Paz, para que señalara cuáles fueron las razones para enviar esa compulsa de copias.
El Grupo Agrovid, que en la actualidad administra a Agrícola Eufemia y otras empresas en Colombia del entorno comercial que le vende el banano a Dole, le dijo a Rutas del Conflicto en un correo electrónico que no tienen conocimiento de ningún proceso vigente ante ningúna autoridad en virtud de la compulsa de copias por parte del Tribunal de Justicia y Paz, ni han sido notificados oficialmente.
Las compulsas de copias que ordenó el Tribunal de Tierras fueron comunes dentro del proceso de Justicia y Paz, ya que ese sistema de justicia transicional no tenía facultades para investigar a agentes del Estado o terceros involucrados en los crímenes. Varios académicos han señalado que la gran cantidad de estos requerimientos y la poca gestión de la Fiscalía para adelantar estas investigaciones han dejado en el aire la verdad judicial sobre estos presuntos implicados.
El profesor de la Universidad de Los Andes, Daniel Marín López, que investiga desde hace años la relación de las empresas con el conflicto armado en Colombia y fue asesor de la Comisión de la Verdad, señala que en su texto Justicia Transicional Fragmentada: entender la complicidad corporativa con actores armados desde la construcción judicial en Colombia el volumen de compulsas de copias generaron una dispersión de procesos dentro del ente investigador. «Hasta el 23 de mayo de 2019 la Fiscalía contabilizó un total de 16.772 compulsas (…) Según datos de la misma Fiscalía, estas equivalen a 311 civiles, 835 agentes del Estado no combatientes y 417 agentes del Estado combatientes», explica Marín en el documento.
Lo que la Fiscalía no encontró
Tanto en la sentencia de alias «Nicolás», como en la de alias «Tijeras», el Tribunal de Barranquilla señala que el desplazamiento de la comunidad de Las Franciscas y varios asesinatos ocurrieron en medio del conflicto por la tierra entre Agrícola Eufemia, como parte del entorno empresarial de Dole, y los campesinos que tenían la posesión de las fincas para el 2004. Las dos sentencias señalan que la violencia paramilitar ocurre al mismo tiempo en el que empleados de Agrícola Eufemia presionaban a los labriegos para que les vendieran las mejoras que habían construido desde 1996 y se fueran de esas tierras.
Las conclusiones del Tribunal de Barranquilla en la sentencia de alias «Nicolás» y las versiones libres de «Tijeras» en Justicia y Paz sirvieron para que, en 2018, el Tribunal de Tierras de Cartagena tomara la decisión de restituir las tierras a los campesinos que habían sido desplazados de Las Franciscas.
«Se presentó un fenómeno masivo de desplazamiento en el predio (sic) Las Franciscas I y II en el mes de marzo de 2004 (…) reconocido por algunos miembros de los grupos de autodefensa en sus versiones libres rendidas ante la Fiscalía General de la Nación, tal como se pudo evidenciar de los relatos de los postulados René Rolando Garavito y José Gregorio Mangones», dice la sentencia de tierras.
Aunque la Fiscalía le haya dicho a la Procuraduría que no encontró información que sustentara la compulsa de copias para investigar a las empresas Dole y Agrícola Eufemia , estas versiones libres de alias «Tijeras» fueron claves para que los magistrados del Tribunal de Tierras tomaran la decisión a favor de los campesinos.
Según una publicación del medio de comunicación Verdad Abierta en 2018, «Tijeras» declaró en el proceso de Justicia y Paz en 2009 que los paramilitares desplazaron a la comunidad para devolverle las tierras a las empresas. «También devolvimos a Chiquita y Dole plantaciones que habían sido invadidas por grupos campesinos protegidos por las Farc. Por ejemplo, mientras que las Farc mantuvieron el control de la Zona Bananera, Dole abandonó una plantación, La Francisca. Los obreros y campesinos locales invadieron la plantación y comenzaron a ocuparla. Nosotros sacamos a esa gente y le devolvimos la posesión de la plantación a los propietarios, quienes trabajaban con Dole», dijo «Tijeras» según Verdad Abierta.
En la misma investigación, Verdad Abierta publicó otro fragmento de «Tijeras» en el que explica que empleados de las bananeras le entregaban información de las víctimas a los paramilitares. «A mis hombres los buscaban regularmente los administradores de Chiquita y de Dole para identificar a personas específicas como ‘problemas de seguridad’ o simplemente como ‘problemas’. Todo el mundo sabía que teníamos que ejecutar a la persona identificada», dijo el exparamilitar según cita del portal periodístico.
Las declaraciones de alias «Tijeras», entregadas en Justicia y Paz también han servido para la construcción de informes de entidades del Estado como el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Comisión de la Verdad (CEV).
En el informe Mujeres y Guerra, de 2011, el Grupo de Memoria Histórica, entidad que precedió al CNMH señaló que alias «Tijeras», en una versión libre entregada en 2009, dijo que las dos multinacionales bananeras habían financiado a las acciones de los paramilitares en esa región del país. «Dole y Chiquita nos prestaron apoyo financiero porque nosotros habíamos liberado la zona bananera de la guerrilla y la delincuencia. Les prestábamos servicios de seguridad, atendíamos sus reclamos y creamos una situación de tranquilidad que les permitía desarrollar sus operaciones comerciales sin ser extorsionados, secuestrados o asaltados», cita el documento.
Otros informes del CNMH como Ese día la violencia llegó en canoa y Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena han documentado el desplazamiento y, en general, el actuar paramilitar en el Magdalena, citan lo dicho por «Tijeras» en el proceso de Justicia y Paz.
«Tijeras» no ha sido el único jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que ha mencionado a la multinacional bananera en sus testimonios. El mismo Salvatore Mancuso señaló en versiones libres de 2007, dentro del proceso de Justicia y Paz, que el empresario bananero y paramilitar Raúl Hasbum había llegado a un acuerdo con Chiquita Brand, Dole y otras empresas para el pago de un centavo de dólar por cada caja de banano exportada, a través de la Convivir Papagayo.
La Comisión de la Verdad, en el documento Hay futuro si hay verdad, que hace parte de la series de informes finales publicados en 2022, retomó otro de los testimonios, esta vez el del jefe paramilitar Hebert Veloza, alias ‘HH’. «Los verdaderos ganadores de la guerra en el Urabá fueron los magnates de la industria bananera. Todas las fincas bananeras colaboraron: Uniban [sic], Banacol, Chiquita, Dole. Todas las empresas nos colaboraron», cita el documento.
La historia de Las Franciscas, el centro del conflicto
Los predios conocidos como Las Franciscas se encuentran en todo el corazón bananero del Magdalena, centro de las disputas por la tierra desde hace casi un siglo entre campesinos y grandes empresas agroindustriales. En la zona, donde se perpetró la Masacre de las Bananeras en 1928, el gran actor económico era la United Fruit Company, que concentraba la producción de banano hasta la década de los sesenta, cuando dejó la región para concentrarse en el Urabá.
En 1987, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) anunció que iniciaría un proceso para adquirir estas fincas para entregarlas a campesinos sin tierra. Con esta información, 52 familias ingresaron al predio con la esperanza de que fueran los beneficiarios de estas titulaciones. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año los labriegos se desplazaron del predio luego de recibir presiones del empresario Antonio Riascos se presentó en las tierras como el propietario.
En 1991, Riascos le vendió las fincas a Agrícola Eufemia, una empresa que hace parte del entramado de negocios de la multinacional Dole y sus socios comerciales en Colombia. Eran años en los que se había recrudecido la violencia en la zona por la fuerte presencia de las Farc. En 1992, esta guerrilla secuestró y luego asesinó al estadounidense Peter Kessler representante legal de la empresa Bana, que aparecía como la propietaria de Agrícola Eufemia. Kessler también era el gerente de producción de Técnicas Baltime Ltda, la compañía comercializadora del banano dentro del entorno de negocios de Dole.
En medio de la violencia y de los daños producidos por huracanes, el grupo empresarial dejó la zona, incluyendo las fincas Las Franciscas en 1994, para concentrar su actividad en las plantaciones del Urabá antioqueño. Dos años después, en 1996, los campesinos, que se habían organizado en la Asociación de Parceleros de La Iberia (Aucibe), ingresaron nuevamente a Las Franciscas y comenzaron una posesión de los predios que duró hasta 2004.
Rápidamente, luego del ingreso de los campesinos, aparecieron los paramilitares en 1996, que un para de años más tarde tomarían el nombre de Frente William Rivas del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Durante esos años, la empresa continuamente trató de convencer a las familias para que dejaran el predio, según cuenta uno de los labriegos que prefiere no publicar su nombre, por cuestiones de seguridad:«Siempre nos mandaban personal que trabajaba con Eufemia Ltda con algunos documentos para persuadirnos, pero nosotros nos resistimos».
El campesino cuenta que la situación escaló en el año 2001 cuando los ‘paras’ masacraron a los hermanos Jorge Alberto, Gustavo Enrique y Miguel Ángel Teherán, campesinos de Las Franciscas. «Cuando pasó todo eso, estaba Agrícola Eufemia en la pelea con nosotros. Luego siguieron las amenazas. A la empresa le quemaron unas instalaciones y comenzaron a decir que eso era una actuación de nosotros apoyados por la guerrilla», señaló el labriego.
La tensión entre la empresa y la comunidad, atravesada por la violencia paramilitar llegó al punto más alto en 2004, cuando, en marzo, fue asesinado el líder de Aucibe, José Concepción Kelsy, hecho que produjo el desplazamiento de los campesinos. Según documentó el Tribunal de Barranquilla en la sentencia de alias ‘Nicolás’, tres meses después del asesinato de Kelsy, en junio, dos empleados de Agrícola Eufemia citaron a los campesinos a una reunión en la que les pidieron que vendieran las parcelas y desocupar el predio.
Las dos personas que citaron la reunión fueron identificadas como Wilson Sotomonte Carrillo y Humberto Díaz Criollo, y según el grupo empresarial Agrovid, que en 2024 administra las empresas involucradas en el negocio del banano de Dole y sus socios en Colombia, los dos, en ese momento eran empleados de Técnicas Baltime de Colombia S.A., la comercializadora de la fruta. Agrovid señaló en un correo a Rutas del Conflicto que Sotomonte y Díaz Criollo «estuvieron a cargo de la negociación de los contratos relacionados con la compraventa de mejoras».
Este medio de comunicación pudo verificar que Sotomonte Carrillo no tiene ninguna investigación abierta por este caso en la Fiscalía. En cuanto a Díaz Criollo no se encontró información para poder verificar si tiene procesos en el ente acusador.
Según los líderes de la comunidad, bajo las circunstancias de violencia que vivían, los campesinos cedieron y decidieron vender. Según la sentencia, «en una reunión en la que se suponía que les entregarían el dinero a los campesinos, tres hombres armados los encerraron con candado en una habitación y, a cada uno, les entregaron solo entre 160 mil y 650 mil pesos, les descontaron de a 50 mil pesos, les pidieron las cédulas y obligándolos a firmar unos documentos en blanco».
Siete meses después, en enero de 2005, paramilitares asesinaron a Abel Antonio Bolaños, el campesino que había asumido el liderazgo de la comunidad, tras el homicidio de José Kesly. Después de la desmovilización paramilitar la violencia se redujo en la zona, pero las familias siguieron reclamando el predio, mientras que Agrícola Eufemia, en 2009, le vendió los dos predios a Las Franciscas SAS, a otra compañía del mismo grupo económico.
El Grupo Agrovid señaló, en la respuesta a la solicitud de información que hizo al respecto Rutas del Conflicto, que Agrícola Eufemia y otras unidades de negocio de Dole habían sido víctimas de varios hechos de violencia desde la década de los noventa, que incluyeron cuatro asesinatos de empleados y atentados terroristas contra la infraestructura de las compañías. «DOLE, en dos ocasiones, quiso abandonar sus negocios en Colombia, pero por su compromiso con los empleados y la región continuaron las operaciones en el Magdalena. Sin embargo, la presión armada del frente XIX de las FARC en contra de las unidades de negocio de DOLE se mantuvo vigente», señaló la empresa en el correo electrónico. (Ver respuesta completa)
El pleito en Estados Unidos y la restitución de tierras
Luego de la desmovilización paramilitar, desde 2007, en medio del proceso de Justicia y Paz, como se ha mencionado, varios jefes de las AUC comenzaron a mencionar a Dole y su entorno empresarial dentro de sus presuntos financiadores. En 2009, un grupo de 167 familiares de 51 víctimas asesinadas por los ‘paras’ interpusieron una demanda en una corte de Los Ángeles en los Estados Unidos, en contra de la multinacional Dole.
Después de siete años de proceso, en los cuales la multinacional señaló a los abogados de las víctimas de fabricar pruebas, la parte demandante desistió de la demanda en 2016, por lo que el tribunal de Los Ángeles dio por cerrado el caso y cerró la posibilidad de un nuevo juicio. Después de la decisión, Johan Linden, presidente y director de operaciones de Dole insistió en negar los presuntos vínculos de la compañía con los paramilitares. «Dole no financió a las AUC y todas las afirmaciones en sentido contrario son completamente escandalosas», se lee en un comunicado de prensa que permanece en el sitio web de la bananera.
Rutas del Conflicto hablo con Terrence Collinsgworth, uno de los abogados que representó a las víctimas en ese proceso y que también hizo parte del equipo que ganó el caso contra Chiquita Brand en Estados Unidos en junio de 2024, que condenó a la bananera por financiar el paramilitarismo en Colombia. Collinsgworth dice que en su momento desistieron de la demanda porque tuvieron algunos problemas con sus clientes, que no puede revelar públicamente debido a acuerdos de confidencialidad y con testigos, «en cuanto a su disposición para testificar en ese momento».
El abogado señaló que varios jefes paramilitares han entregado información similar en los casos de Dole y Chiquita, relacionada con la presunta financiación de las AUC. «Todos los testigos desmovilizados en los casos de las dos empresas dijeron lo mismo, que las dos estaban haciendo exactamente lo mismo. Según ellos, ambas pagaban a los paramilitares en medio del negocio del banano, no había diferencia en lo que hicieron», explica Terrence.
El jurista agregó que es casi imposible reabrir el caso en los Estados Unidos, ya que los hechos prescribieron dentro de ese sistema de justicia, pero insistió en que en Colombia sí se podría tener un proceso para investigar a la empresa porque en el país los crímenes de lesa humanidad no tienen esas restricciones temporales. «En Colombia algunos tribunales ya han condenado a directivos de empresas relacionados con hechos similares. Allí las cosas están más claras y el sistema judicial parece más accesible ahora», señaló Collinsgworth.
Según Fabián León, director del Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, una ONG internacional que hace seguimiento de la política y el desempeño en materia de derechos humanos de más de 10 000 empresas en más de 180 países, es clave que se investigue a los directivos de las empresas señaladas en Colombia, ya que si se toman decisiones judiciales en el país, estas pueden servir como prueba en Estados Unidos. «El caso de Chiquita también había prescrito, pero hay una diferencia con Dole, y es que en el primer caso las investigaciones siguieron en Colombia y se han tomado decisiones judiciales que sirvieron como prueba para continuar con el proceso en Estados Unidos, eso no ha pasado con Dole», explica León.
Mientras las víctimas desistían del proceso en la Corte de Los Ángeles, en Colombia avanzaba una demanda de restitución de tierras interpuesta por los campesinos que pedían la propiedad de Las Franciscas, muchos de ellos también eran demandantes en el caso en Norteamérica. Como se mencionó anteriormente, en 2018 el Tribunal de Tierras de Cartagena falló a favor de los reclamantes y declaró que la empresa Agrícola Eufemia no actuó de buena fe exenta de culpa cuando compraron las mejoras a los campesinos, a sabiendas de la situación de violencia que vivían. Es decir, que la empresa no hizo la debida diligencia para verificar que los vendedores de los bienes que adquirió, en este caso las mejoras de los predios, eran víctimas que podrían estar actuando condicionados por las circunstancias que sufrían en medio del conflicto.
El Grupo Agrovid dijo en la respuesta a la solicitud de información que le envió Rutas del Conflicto que está probada la calidad de víctima de Agrícola Eufemia en los hechos de violencia y «que no existió prueba alguna que indicara que la sociedad AGRICOLA EUFEMIA haya participado de un supuesto despojo a través de grupos al margen de la ley».
La empresa agrega que era en esos momentos la propietaria legítima de los predios LAS FRANCISCAS I y II, y que en medio del accionar violento del Frente XIX de las FARC, ocurrió la invasión de los predios, cometida por los habitantes del caserío de Orihueca, en donde se encuentran los predios. «La empresa adelantó las acciones legales ante las autoridades locales y la Fiscalía para recuperar los terrenos y judicializar los responsables del despojo, pero ante la incapacidad institucional para mantener el status quo y adelantar las investigaciones del caso, se vio obligada a abandonarlos forzadamente como medida de protección para la vida e integridad física de sus trabajadores, sin perjuicio de continuar ejerciendo actos de señor y dueño», señala Agrovid en su respuesta.
Luego de la sentencia de Justicia y Paz las tensiones han seguido. Según cuenta Ernesto Caicedo, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, que representa a las víctimas en el proceso de restitución, la empresa presentó varias excusas para entregar el predio y solo lo hizo un año y medio después de la sentencia, en septiembre de 2019.
Además, Caicedo cuenta que el grupo empresarial ha interpuesto más de 20 tutelas en diferentes instancias para tumbar la sentencia de restitución, ya que alega que no se le respetó el debido proceso y que sí actuaron de buena fe exenta de culpa. Una de estas tutelas llegó a la Corte Constitucional, que la estudia desde 2022, como lo investigó Rutas del Conflicto (Ver nota), sin que a febrero de 2025 tome una decisión.
¿Quiénes son los socios de Dole en Colombia y cómo es su vínculo empresarial?
Cuando el Tribunal de Barranquilla en las dos sentencias a ‘Nicolás’ y ‘Tijeras’ compulsó copias a la Fiscalía para investigar a los directivos de Dole y Agrícola Eufemia no aclaró quiénes eran las personas que ejercían estos cargos directivos en Colombia. Este es asunto es clave porque existe un entramado empresarial alrededor del negocio de producción de banano de la multinacional en el país, que hace muy complejo entender la real participación de Dole en las compañías colombianas como Agrícola Eufemia, señalada de presuntos vínculos con los paramilitares.
Según documentó Rutas del Conflicto, en una investigación publicada en 2021, en la que se evidenciaba que una compañía del grupo bananero había comprado un predio a familiares del paramilitar Miguel Arroyave, alias ‘Arcangel’ en el Magdalena, los principales accionistas de las empresas que producen y comercializan el banano para Dole en Colombia son los K’David, una poderosa familia del Magdalena. Para la fecha de la publicación, todas las empresas pertenecían a Servicios Administrativos Bananeros SAS, de propiedad del grupo K’David, en cabeza de Riad K`David, que aparecía como representante legal de Técnicas Baltime de Colombia (Tecbaco) S.A.
Según contó el mismo grupo empresarial en enero de 2025, Servicios Administrativos Bananeros ahora tiene el nombre de Grupo Agrovid y sigue administrando todas las empresas. Sin embargo, el apellido K’David desapareció de los registros de cámara de comercio. Rutas del Conflicto constató que la representación legal de las compañías está en manos de dos personas, Juan Camilo Roca Manzano y Javier Ernesto Pomares Medina. En cuanto a los accionistas, la mayoría son empresas que tienen sede en Panamá, todas son representadas por la misma persona, Tania Martínez Caballero.
Empresas en Colombia: Canali S.A.S, Inversiones La Lolita S.A.S, Técnicas Baltime de Colombia, Canali S.A.S, Bananera El Enano S.A, Banaeva S.A.S, Agropecuaria San Gabriel S.A.S, que pertenecen al grupo Agrovid.
Accionistas de las empresas en Colombia, registradas en Panamá: Adstone Management Corp., Block Investments Inc., Arrowhead Lake Inc., Bukoba Trading S.A, Arealto Financial Corp., Royal Exotic Fruits Inc., Bellovin Overseas S.A, Gran Plaza Overseas S.A, Lindale Properties Corp., Saleby Overseas S.A y Laguna Development S.A.S.
Según estos documentos, la multinacional Dole Food no aparece como propietaria o accionista de ninguna de estas empresas. Según respondió el Grupo Agrovid a un cuestionario enviado por Rutas del Conflicto, en el momento en el que sucedieron los hechos descritos en la sentencia, Agrícola Eufemia y otras compañía eran «unidades de negocio» de Dole. Señalaron que en la actualidad, Tecbaco exporta «fruta a los mercados internacionales bajo más de seis marcas comerciales entre las cuales se incluye la reconocida marca Dole».
No es claro a qué se refiere el término unidades de negocio, si Dole era directamente propietaria o socia de empresas como Agrícola Eufemia en el momento en el que ocurrieron los crímenes y ni tampoco en qué momento, se convirtieron simplemente en uno de los clientes de la producción de banano.
Según documentos de Cámara de Comercio, entre 2001 y 2004, años en los que ocurrieron la mayoría de crímenes relacionados en las sentencias, el representante legal de Agrícola Eufemia era Luis Fernando Díaz Díaz (de quién se explicó anteriormente, no tiene ninguna investigación en la Fiscalía). Para ese año, el principal accionista era la empresa Inversionistas Zarati con el 95% de las acciones y Sociedad Bana con el 5%.
Inversionistas Zarati es una empresa que en la actualidad tiene sede en Panamá, al igual que las otras descritas anteriormente. Rutas del Conflicto encontró un documento con información de una demanda laboral interpuesta por Luis Fernando Díaz Díaz, representante legal para el 2004 de Agrícola Eufemia, contra Técnicas Baltime en la que señala que tuvo un contrato de trabajo con esa última compañía desde 1978 hasta 2006. En la misma demanda, Diaz Díaz explica que la mitad de su sueldo era consignado por la firma Dole International en Estados Unidos.
Para el profesor Marín, en estos casos es clave determinar el rol de las multinacionales en para señalar la responsabilidad en hechos relacionados con violaciones a derechos humanos. El profesor explica que aunque la empresa no sea directamente la dueña de las compañías locales involucradas, puede que tenga el control operativo del negocio, ya sea porque es un cliente único de los productos, o inclusive si tenga pleno control de la forma cómo se siembran los productos, en este caso el banano. «De cualquier manera, las compañías tienen la responsabilidad de verificar que en la cadena de suministros no se cometan violaciones a los derechos humanos», explica Marín.
Rutas del Conflicto confirmó que la Fiscalía General de la Nación reunió las compulsas relacionadas con las bananeras a finales de 2024 para poder avanzar con las investigaciones. Por ahora, la justicia colombiana sigue sin abrir ninguna investigación formal para definir si estos terceros, relacionados con las empresas relacionadas con el negocio del banano de Dole en el país tuvieron o no alguna responsabilidad en la violencia que afectó a tantas personas en el Magdalena y el Urabá.
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