En México, los caminos que llevan a la mayoría de plantíos de palma de aceite y a los centros de acopio de la fruta son de terracería (carreteras sin asfalto), en el mejor de los casos están cubiertos de grava, pero el resto, ni eso. Cuando llueve se convierten en lodazales. Al adentrarse en tierra palmera, pueden pasar horas antes de ver una palma una vez se deja atrás el último tramo de carretera pavimentada. Antes es más probable encontrarse con letreros viejos y despintados anunciado que el camino fue obra de algún gobierno local apoyado por la secretaría de agricultura. En cambio, las oficinas de las grandes empresas de aceite de palma se ubican en lujosos edificios dentro de zonas exclusivas de ciudades importantes.
La épica de las empresas —y del emprendedurismo— actuales está sustentada sobre la base de los «hombres hechos a sí mismos». Hombres —siempre son varones— venidos de la nada que, con un esfuerzo y determinación «excepcionales», vencen todos los obstáculos para triunfar económicamente. Casos de éxito individual flotando en océanos de fracaso colectivo, de gente «que no se esfuerza lo suficiente» o de «trabajadores inútiles»1 como los calificó The Economist en 2023.
Dicho en cifras «el 0,001% más rico, menos de 60 000 multimillonarios, controla hoy en día tres veces más riqueza que la mitad de la humanidad combinada»2.
La casa de Cornelio es humilde a pesar de lo mucho que se esfuerza. Él es encargado de un centro de acopio, conoce cada parcela de palma que hay en su comunidad. Con solo ver un racimo sabe la antigüedad de la palmera. Conoce también a los dueños de las parcelas y se sabe de memoria la edad de los cultivos de cada uno, pues tiene que anotarlos cada vez que les compra. Este ha sido su trabajo diario por años, aunque oficialmente solo recibe las frutas los lunes y los martes, pero labora sin parar toda la semana. Cornelio no descansa y, a pesar de su esfuerzo y compromiso con el trabajo, su situación económica no le permitiría afrontar una emergencia médica.
Al dar un vistazo un poco más detallado a las «historias de éxito» empresarial encontramos dinastías, clanes y relaciones de poder. Nombres y apellidos que se repiten y conviven en un ecosistema de negocios, vida pública, matrimonios, vínculos con el Estado y familias con poder. El caso de la palma de aceite no es la excepción, solo que al ser un cultivo relativamente nuevo las élites palmeras apenas se están conformando. Muchas de ellas provienen de otros negocios o de países con una industria palmera consolidada hace décadas.
Para Cornelio la palma de aceite siempre ha existido. A los doce años ayudaba a su papá mientras que sus primos pequeños juntaban semillas sueltas para llenar costales. Eso fue hace veintitrés años y es evidente el orgullo que siente por su trabajo.
«Quiero que en la empresa sepan que trabajamos duro» me confiesa Cornelio cuya ilusión es que algún día «la empresa» lo contrate formalmente.
Lamentablemente por más duro que trabaje sus logros son menores comparados con los de aquellos que solo se «esfuerzan y triunfan». No es falta de ganas, en promedio, en América Latina se requieren entre cinco y once generaciones para conseguir la movilidad social que lleva de un ingreso bajo a uno medio. Es decir, para eso que técnicamente se considera salir de la pobreza. Acá volverse una persona rica es una historia más difícil.
Cornelio y sus primos crecieron entre palmas de aceite. Es la herencia que recibieron de sus abuelos y sus padres y que piensa dejarle a su hijo. Una herencia cuyos frutos dependerán de la voluntad de los industriales para adquirir la cosecha. Nombres y apellidos lejanos y desconocidos, anónimos tanto para él como productor, como para el resto de las personas consumidoras. Nombres y apellidos que, generación tras generación, se perpetúan al frente de alguna compañía. De eso va esta historia. De asociar a esas personas por nombre y apellido con cada empresa.
La ventaja competitiva
En la cadena productiva de la palma africana, la planta extractora lo es todo, sin ella no existe la industria. Una vez procesado en la planta extractora se requiere de empresas de logística para transportar el aceite a las refinerías donde lo volverán comestible —el verdadero gran negocio—. Finalmente y desde las refinerías se necesitan los contactos con los gigantes de la industria de alimentos ultraprocesados, quienes terminan por ser los compradores a gran escala.
Como la mayoría de las grandes industrias en el mundo, la de la palma se ha visto beneficiada por políticas públicas y por los políticos que las impulsan. Es una clara puerta giratoria que les lleva de los negocios a la administración pública y de regreso, como fue el caso del palmero Armando Toledo Jamit. De 2015 a 2018 se desempeñó como secretario de Agricultura del estado de Campeche con el gobernador Alejandro Moreno del Partido Revolucionario Institucional (PRI); una vez terminó allí su ciclo, regresó a sus agronegocios de palma africana; y en 2021 con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue nombrado primero, jefe de la oficina de la gobernadora Layda Sansores (2021-2024) y, luego, secretario de Gobierno (2024-2025).
Sorprende entonces que Toledo Jamit, con el poder e influencia que tuvo en el segundo estado con mayor producción de aceite de palma en México, nunca haya tenido —que se sepa— su propia planta extractora. Pero fue socio de la familia que tiene cuatro complejos extractores y una refinería.
Puertas que giran
La primera planta extractora de aceite de palma parece haber llegado a México en 1958 de la mano de Juan Bernstorff, un alemán, que en la década de 1920 decidió escapar de la crisis dejada por la Primera Guerra Mundial, para encontrarse con su hermano Cristian quien ya vivía en Chiapas. Con el tiempo ambos se convirtieron en los principales productores de café de la zona.
El emporio cafetero, escribe Alfonso Castellanos Navarrete en su libro Fronteras de aceite: Hegemonía de la palma africana en Chiapas, le aportó los recursos a Juan para ser el pionero de la siembra de palma africana en Chiapas, aunque a decir de sus nietos nunca consiguió hacer de ese cultivo un verdadero negocio. Fue gracias a sus relaciones políticas con el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés que pudo venderle su producto a la empresa siderúrgica Altos Hornos de México como lubricante industrial.
Los Bernstoff no lograron dominar el mercado a pesar de tener el monopolio de la producción de aceite de palma en el país hasta 1995. La Aceitera Chiapaneca La Palma —organización campesina dueña de la segunda planta— tampoco reinó. En buena medida esto se debió a la extensión de las plantaciones palmeras que en 1999 en México alcanzaban una superficie de apenas 5,641 hectáreas. En contraste, América Central contaba en ese mismo año con 103,000 hectáreas.
Según documenta Castellanos Navarrete, fue en la década de 1980 que las palmas resultaron rentables, cuando la familia Bernstorff —Juan ya había fallecido— empezó a vender el aceite crudo para convertirlo en aceite vegetal comestible a la empresa Oleofinos, ubicada a 1,600 kilómetros de distancia de la zona palmera.
Oleofinos S.A. de C.V. fue fundada en 1978 por el ingeniero José Luis Pérez Martínez y su esposa María del Rosario Morett Sedano, nombres —y apellidos— recurrentes en las páginas de sociales del estado de Jalisco. La empresa se especializó en la producción de aceites y grasas para la industria jabonera, y como consta en el acta constitutiva de 1984, fueron incluidos como socios dos de los hijos de la pareja: José Luis y Fernando Pérez Morett. Según la épica empresarial, los hermanos Pérez Morett recibieron una empresa en dificultades en la década de 1990 y la convirtieron en un emporio.
En sus orígenes Oleofinos trabajaba con aceite de coco y otras grasas vegetales y fue creciendo de la mano de la palma de aceite. En 1996 el gobierno del priista Ernesto Zedillo inició el Programa Palma de Aceite, que entre sus objetivos políticos buscaba contener el descontento campesino y detener el avance de la guerrilla zapatista. En 1998 la Alianza para el Campo avanzó en los programas de estímulos para el cultivo de la palma de aceite. Al año siguiente, Oleofinos —que en la actualidad forma parte del Grupo Oleomex— inició la construcción de la primera de las cuatro plantas extractoras que operan bajo la marca Oleopalma.
Democracia palmera
El auge de la palma coincide con la llamada transición democrática en México. En el año 2000, luego de setenta y un años de gobierno del PRI (Partido Revolucionario Institucional), llegó a la presidencia el PAN (Partido de Acción Nacional) de orientación demócrata cristiana. Para ese momento el PAN se había convertido en la plataforma de muchos empresarios para participar en política y alcanzar el poder con discursos en los que se criticaba a la clase política como mala administradora y se exaltaba al empresariado como generadores de riqueza y, sobre todo, como modelo a seguir.
Estos neopanistas —como se les nombró desde la academia— abrazaron y dieron continuidad al proyecto neoliberal iniciado en las filas del PRI dieciocho años atrás y que para entonces ya había privatizado grandes oligopolios como el azucarero, el bancario y el telefónico que se encontraban en poder del Estado.
Vicente Fox Quesada asumió como presidente de México en diciembre de 2000. Un par de décadas antes, Fox había gerenciado la división de América Latina de Coca-Cola y su campaña presidencial fue financiada por un grupo de empresarios —externos al partido— quienes crearon la organización llamada «Amigos de Fox». Entre los varios millonarios que participaron se encontraba Alfonso Romo Garza, en ese entonces dueño de Seminis, la empresa que concentraba el 25% del negocio mundial de semillas.
Dentro del PAN se había consolidado un grupo de empresarios —agropecuarios y agroindustriales, como el mismo Fox—, que para crear una sensación de cercanía con el pueblo explotaron la imagen del «ranchero» con sombrero, jeans, botas vaqueras que montan a caballo. El primero de ellos fue Alberto Cárdenas Jiménez, exgobernador de Jalisco (1995-2000), nombrado por Fox como Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Durante esa primera administración panista, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se centró en transformar el campo mexicano «de una economía basada en el autoconsumo y proteccionismo hacia un esquema moderno y competitivo»3 que buscaba convertir a los productores «en sujetos de crédito, en lugar de solo receptores de subsidios»4, alimentando la narrativa de que los pobres son una clase parasitaria, mientras que destinaban miles de millones de pesos a desarrollar no tanto a las empresas como a los empresarios.
Al frente de la Sagarpa fue nombrado Javier Usabiaga (1939-2018), conocido como el «Rey del Ajo», quien ya había sido secretario de Agricultura del estado de Guanajuato cuando Fox era el gobernador. Agroindustrial de segunda generación y socio de Fox en la producción de ajonjolí, para comienzos del milenio el imperio agrícola de Usabiaga estaba calculado entre siete y diez mil hectáreas de hortalizas para exportación. Se estima que en sus tierras se cultivaba el 35% del ajo mexicano —de ahí su apodo—. Además, su empresa Mr. Lucky era la proveedora de los vegetales de las filiales mexicanas de McDonald’s y KFC.
En 2001, el primer año de la gestión de Usabiaga, se evaluó el programa de desarrollo del cultivo de la palma de aceite en México y se tomó la decisión de continuar su impulso. Así, en el presupuesto de fomento agrícola de ese año se le destinaron MXN $121,7 millones de pesos (USD $13 millones)5 y Oleomex — empresa de los Pérez Morett—, puso en marcha su primera planta extractora de aceite de palma —la tercera de la que tenemos conocimiento en la historia del país—, esto con el propósito de aprovechar el impulso que se le estaba dando al cultivo, que pasó de abarcar algo más de 5,000 hectáreas en 1999 a 18,767 hectáreas a finales de 2001.
Para el desarrollo del proyecto de aceite de palma fue fundamental el papel de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), una oficina desconcentrada de la Sagarpa que se centró en facilitar la infraestructura económica —vía financiamiento— y de servicios de logística y afines dentro de la cadena productiva de la palma de aceite.
Aserca implementó esquemas para transformar la agricultura tradicional hacia cultivos comerciales y otorgó los apoyos directos a familias campesinas, pequeños y medianos productores para la «reconversión productiva» incentivando el cambio de cultivos «menos rentables» hacia la palma de aceite. Con esto atentaron contra la soberanía alimentaria de las comunidades y del país. Al frente de esta oficina estuvo Francisco Mayorga Castañeda, agroindustrial, presidente fundador del Consejo Agropecuario de Jalisco (1994‑1995) y quien fue secretario de Agricultura de Jalisco cuando Alberto Cárdenas Jiménez era el gobernador.
Los amigos de la palma
En 1958 Efraín González Luna, político jaliciense, le escribió una carta al Manuel Gómez Morín —ambos fundadores del Partido Acción Nacional—, para contarle que «El señor Ingeniero Químico, Francisco Morett Sedano, hijo de don Pancho Morett, ambos miembros del Partido»6 había renunciado a su trabajo y había recurrido a él para encontrar un nuevo empleo. Pensando en apoyar al joven Francisco, González Luna acudía a la ayuda —y contactos— de Gómez Morín, quien había sido oficial mayor de la Secretaría de Hacienda federal, fue fundador del Banco de México y era accionista de la Cervecería Modelo.
Si bien no hay datos de que Francisco Morett Sedano haya sido miembro de Oleomex o alguna de las empresas que lo componen, su hermana María sí fue una de las fundadoras. Por otra parte, desde 1998 su hermano Carlos Morett Sedano —quien llegó a ser secretario del PAN en Jalisco— formó parte del grupo como accionista de Oleoquímica Mexicana, que es la empresa matriz de Mexicana de Aceites de Palma en sociedad con Industrial de Oleaginosas, y propiedad de Fernando, José Luis, Ignacio, Álvaro y Diego Pérez Morett.
En 1999, Carlos Morett Sedano, en representación de Oleoquímica Mexicana, creó Aceites Tropicales S.A. junto con el empresario campechano Armando Toledo Jamit con el objetivo de «realizar la molienda del fruto de la palma africana», como indica el acta constitutiva de la empresa.
Jalisco es un estado conservador, con familias católicas que presumen su linaje hispánico y ha sido cuna de varios movimientos de derecha y ultraderecha. Familias altamente cohesionadas por los negocios, los matrimonios y los vínculos de amistad que forman un círculo cerrado que recuerdan la forma en que las raíces de la palma de aceite se entrelazan acaparando recursos e impidiendo el crecimiento de la competencia.
Para acceder a este entramado social, además de dinero, se necesitan varias generaciones. Estas familias supieron transicionar sus negocios de la economía agrícola a la industrial o agroindustrial y están convencidas de que para mantener el poder económico es indispensable tener un pie en la política.
«Son familias enormes, con muchas ramificaciones, lo que hace complejo estudiarlas. Y hay que diferenciar entre las familias políticas y las familias en la política. La de Alberto Cárdenas es de las segundas», comenta en entrevista el académico Javier Hurtado.
Cuando en 1994 a Alberto Cárdenas Jiménez le propusieron ser el candidato del PAN al gobierno de Jalisco, él, a su vez, propuso a la candidatura a Efraín González Morfín —hijo de Efraín González Luna—, a José Levy García, y a Francisco Mayorga Castañeda7. Ninguno aceptó —las campañas son agotadoras y costosas—, pero todos lo apoyaron y lo siguieron al gabinete. Aunque no solo ellos, Javier Hurtado documentó que en nueve años (tres como alcalde y seis como gobernador) Cárdenas Jiménez sumó a treinta y tres personas con parentesco consanguíneo o político en puestos públicos8. Una muestra de lo sólido que puede llegar a ser el pacto social.
Uno de los nombres más visibles fue el de su hermano Gonzalo Cárdenas Jiménez, quien desde 1996 asumió como Presidente de la Cámara de la Industria de Aceite y Proteínas de Occidente (Capro), sin que se haya podido localizar ninguna actividad pública o gremial previa que respalde tal nombramiento.
El 17 de noviembre 1998, la Capro publicó un desplegado en el diario El Informador, donde denunciaba ser víctima de «difamación» por parte de la prensa, luego de que un empresario aceitero local acusara a ese organismo, a su cúpula empresarial y al propio Gonzalo Cárdenas, de beneficiar a los Pérez Morett en unos litigios que sostenían.
La invención de la industria
Una vez llegado Vicente Fox a la Presidencia se declaró a la palma de aceite como un programa prioritario y se le incluyó en los catorce sistemas producto de cultivos agrícolas. Estos no eran otra cosa más que la integración de las cadenas productivas asociadas a un cultivo en particular y comprendían desde el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos y recursos financieros, hasta la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización.
Para nadie fue sorpresa que en estos sistemas, el campesinado siempre fue el eslabón más precarizado en beneficio del sector agroindustrial, profundizando las brechas sociales a las que se les sumó un nuevo elemento: la pérdida de soberanía alimentaria de las comunidades rurales y su dependencia de los alimentos ultraprocesados (aceites y panes industrializados, harina de maíz para hacer tortillas, refrescos, entre otros). Un gana-gana para el agronegocio.
Así, con el propósito de inyectar recursos a la industria palmera se crearon el Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios (Fomagro), el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) y Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), además se le dio forma al «Plan Rector de Palma de Aceite de 2004», año en que los Pérez Morett inauguraron su segunda planta extractora.
Al terminar el mandato de seis años del presidente Vicente Fox, Mayorga Castañeda ya era secretario de Agricultura federal, y las hectáreas sembradas de palma de aceite superaban las 29,704. También se habían puesto en funcionamiento cinco plantas extractoras, dos de ellas financiadas con dinero público, según reportan los informes de labores de la Sagarpa, aunque no especifican montos ni el esquema (financiamiento, coinversión, etc.), tampoco a las empresas beneficiadas.
De acuerdo con el mapeo realizado, las empresas que construyeron plantas extractoras en el sexenio de Fox fueron: Oleomex (2004), Oleosur (2002), Consorcio Forestal (2003) y Grupo Numar / Palma Tica (2004).
Oleosur es un consorcio propiedad de la familia Terrones López —que opera el puerto de Altamira (Tamaulipas)— en sociedad con diversos empresarios palmeros de Guatemala, entre ellos el grupo Arriola Torrebiarte que tiene un pie en la empresa palmera Fondo Chiapas, vía José Miguel Enrique Arriola Fuxet, accionista de dos filiales del Fondo: Aceites Sustentables de Palma y Palmas de Comillas. Fondo Chiapas —como se explica en la segunda entrega de este especial— es una compañía formada por agroindustriales para hacerle frente al movimiento zapatista y en la que el gobierno de Chiapas es accionista. Allí son socios varios empresarios mexicanos, entre ellos Alfonso Romo y el «Zar del Azúcar», Enrique Molina Sobrino.
Por su parte el Grupo Numar también conocido como Palma Tica es propiedad de Alejandro González May y Carlos Alfredo González May, originarios de Costa Rica. Esta empresa es dueña de la tercera parte de la superficie cultivada de palma en ese país y su planta procesadora en México queda a un costado de la vía férrea de la Línea FA del Tren Interoceánico, a unos kilómetros del municipio de Palenque (Chiapas), donde conecta con el Tren Maya. Así, una vez terminada la línea de carga, Palma Tica tendrá acceso directo a Puerto Progreso y al Puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz.
Cabe mencionar que si bien Veracruz es un estado palmero, su producción es mínima y estable comparada con la de sus competidores. Mientras el cultivo nacional ha crecido a un ritmo promedio de 6,174 hectáreas por año desde 2010, en Veracruz la palma nunca ha excedido las 8,000 hectáreas sembradas. Pero dentro del entramado palmero el valor del estado es estratégico. Allí se localizan tres de los principales puertos en el Golfo de México y de ellos, Coatzacoalcos, como ya se mencionó, permite la interconexión con una amplia red ferroviaria que atraviesa el cinturón palmero de mayor crecimiento en el país que va de los Tuxtlas (Veracruz) a Escárcega (Campeche), cerca de la frontera con Guatemala.
Quizás debido a la poca superficie sembrada, Veracruz solo cuenta con una planta extractora de aceite de palma, propiedad de la familia Lemarroy Gonzalez, de la que los personajes más visibles son Jacinto Rafael y Jesus Rogelio. El primero heredó la dirigencia del negocio gasolinero de la familia, mientras que el segundo heredó la carrera política, logrando lo que su padre Jacinto Roque Lemarroy no pudo: ser alcalde de la ciudad que ayudó a fundar.
A los Lemarroy se les identifica como gente aliada de Miguel Ángel Yunes Linares, del PRI al que renunció para hacer carrera en el PAN a lado de Vicente Fox y Felipe Calderón, lo que lo llevó convertirse en gobernador de Veracruz en 2016 y en senador en 2025 año en que renunció a su militancia panista para afiliarse al izquierdista Morena, de Andrés Manuel López Obrador, a quien los Lemarroy se acercaron una vez que este ganó la presidencia.
Desiertos verdes
En 2006, la llamada «ala doctrinaria» del PAN ganó la Presidencia de México de la mano de Felipe Calderón Hinojosa. Esto le dio a Acción Nacional seis años más de gobierno, un periodo en el que poco cambiaron las cosas —al menos para el campo y la agroindustria—. Así, dos nombres conocidos en el gobierno de Fox, Alberto Cárdenas Jiménez y Francisco Mayorga Castañeda, fueron nombrados en la Secretaría de Agricultura —de 2006 a 2009, el primero y de 2009 a 2011, el segundo—. Bajo la dirección de estos dos conocidos agroindustriales fue ideado el «Proyecto Estratégico Trópico Húmedo», con el objetivo de «reforestar áreas degradadas» y recomponer la estructura productiva en el sureste de México con cultivos industriales como la palma de aceite y el hule (caucho).
Desde hace décadas industrias y gobiernos comenzaron a llamar «reforestación» a cultivos extensivos como el de palma, con el objetivo de mitigar las cifras de hectáreas de selvas y bosques deforestados —en su mayoría producto de la agroindustria y la ganadería extensiva—.
El uso de la palabra «reforestación» ha sido tan banalizado que incluso se han vendido bonos de carbono de áreas supuestamente «reforestadas» con plantíos de palma.
Esto a pesar de la evidencia de que sembrar un monocultivo industrial no es —bajo ninguna circunstancia— equivalente a reforestar. Por el contrario, con los monocultivos industriales se crean desiertos verdes que degradan los ecosistemas, aumentan la emisiones de carbono, afectan la biodiversidad y, en el caso de la palma de aceite, secan el suelo, además de ser altamente contaminantes por el uso de agrotóxicos.
De hecho, el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y el Convenio de Diversidad Biológica distinguen entre bosque natural y plantaciones (monocultivos), excluyendo de la primera categoría los cultivos industriales.
Los monocultivos, plantaciones o cultivos industriales sustituyen ecosistemas forestales complejos por sistemas agrícolas homogéneos con poca biodiversidad, menor almacenamiento de carbono en el suelo y mayor vulnerabilidad ecológica.
Esto quedó en evidencia en la década de 2010 cuando la plaga del ácaro rojo de las palmas (Raoiella indica), afectó lo mismo palmas de plátano (Musa sp.), de coco (Cocos nucifera) y de aceite (Elaeis guineensis).
Los primeros seis años del siglo XXI resultaron estresantes para el petróleo. En 2003 la guerra de Irak, la huelga de la petrolera venezolana PDVSA y los ataques guerrilleros sobre oleoductos en Nigeria elevaron el precio del petróleo por arriba de los USD $40 el barril, mientras que los daños provocados por los huracanes Katrina y Rita en el Golfo de México lo hicieron superar los USD $57. A esos hechos, los análisis económicos le suman el aumento de la demanda en China y otras economías emergentes, mientras que la producción se estancó. Así, el 3 de julio de 2008, el petróleo alcanzó su precio máximo histórico de todos los tiempos de USD $145 el barril para el WTI y de USD $147 para el Brent.
Con esas previsiones en el panorama, el mundo empezó a ver con buenos ojos a los biocombustibles y México declaró la palma de aceite como cultivo prioritario. Paralelamente la ciencia y la industria nacionales experimentaban con diversos tipos de bioenergéticos, como la jatropha (Jatropha curcas). El Proyecto Estratégico del Trópico Húmedo fue el lugar ideal para establecer la conexión entre el campo y este nuevo propósito.
De acuerdo con los informes de labores de la Secretaría de Agricultura de la época, el objetivo primario de la siembra de la palma de aceite era reducir el déficit de oleaginosas para producir aceites comestibles, pero con el tiempo se estableció explícitamente que la producción de aceite de palma asociada a las nuevas plantaciones estaba siendo considerada para la producción de biodiésel a corto plazo. Una política que continuó con el siguiente gobierno.
Al finalizar el segundo gobierno panista entraron en operación dos plantas extractoras más, la tercera de Oleomex y una extractora rural, propiedad de la Asociación de Agricultores Zitihuatl. En 2010 el gobierno de Chiapas inauguró una planta de biodiésel para surtir al sistema de transporte de la capital del estado, que terminó en el abandono y fue desmantelada años después, luego de un escándalo en el que se descubrió que los supuestos autobuses ecológicos cargaban —durante las madrugadas— diésel de petróleo en una estación de servicio común y corriente.
Si bien el desarrollo industrial de biocombustibles no prosperó como se había pensado, al cierre del 2012 la superficie sembrada de palma alcanzó las 61,548 hectáreas como resultado del Proyecto Trópico Húmedo. Gracias a un estudio de la FAO sabemos que este dentro del Proyecto de Trópico Húmedo el de palma fue el cultivo que más avanzó «mientras que otros disminuyeron su superficie, como la vainilla, el cacao, el henequén y la pimienta»9.
La expansión palmera
El regreso del PRI a la Presidencia bajo el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) trajo consigo un crecimiento en el número de plantas extractoras y un programa ambicioso que convirtió a Campeche en el segundo productor de palma de aceite en México. De acuerdo con Global Forest Watch, Campeche también es el estado con mayor pérdida de cobertura arbórea (entre 2001 y 2023), a pesar de que el 40% de su territorio está bajo protección como área de conservación.
El Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) registró que en 2012 las plantaciones de palma de aceite de Campeche no llegaban a 4,000 hectáreas. Para 2014 la superficie sembrada se elevó a 13,805 hectáreas gracias a una fuerte inyección de recursos públicos, como dejó constancia en su informe de labores 2015 el gobernador Fernando Ortega (2009-2015). En su último año de gobierno se destinaron al menos MXN $150.94 millones de pesos (USD $8 millones) para desarrollar las diferentes etapas de la industria palmera, desde viveros hasta plantas industrializadoras.
Las inversiones gubernamentales —empresariales y políticas— rindieron frutos. Este avance acelerado se dio durante la administración como gobernador (2015-2019) de Alejandro «Alito» Moreno Cárdenas y de su secretario de Desarrollo Rural, el agroempresario palmero Armando Constantino Toledo Jamit, dueño, entre otras, de la Central de Abastos de Campeche.
De las ocho plantas extractoras que entraron en funciones durante el gobierno de Peña Nieto sólo tres pertenecen a grandes grupos empresariales: Aceites Sustentables de Palma, propiedad del Fondo Chiapas; Agroforestal Uumbal, filial de Agroindustrias Unidas de México, y la cuarta planta extractora de Oleomex.
El resto pertenecen a grupos locales y organizaciones campesinas: entre los primeros tenemos Agroindustria Oléica de la Región de los Ríos (2017), en Tabasco, propiedad del líder ganadero Felipe Casanova Lastra, en asociación con el empresario hotelero José de Jesús Ramos Marín y Alejandro Aguilar Reséndez. Este último fue gerente regional de agroquímicos para Monsanto y director de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del estado de Tabasco (2008-2012) y, que según su CV, desde dicha Secretaría «diseñó y puso en marcha el proyecto estatal de palma de aceite»10.
Cabe destacar que tanto los Lastra como los Marín convergen en una línea familiar con larga tradición política en Tabasco, en la que sobresale Ignacio Lastra Marín, quien fue director General de Zonas Tropicales de la Sagarpa (2017) y subsecretario de Alimentación y Competitividad (2018), entre otros cargos dentro de dicha Secretaría.
El 26 de junio de 2024 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México declaró que Jesús Ignacio Lastra Marín «incurrió en responsabilidad administrativa grave por el desvío de más de nueve mil apoyos» de la Sagarpa provenientes del programa de Desarrollo Productivo Sur Sureste (antes Programa Trópico Húmedo), que destinó importantes recursos económicos y estratégicos para detonar el auge de la palma de aceite.
En 2018 en Chiapas se inició la construcción de Industrial Aceitera Grupo Huehuetán, propiedad de Manuel Ángel Villalobos, político del Partido Verde11 y presidente municipal de Huehuetán entre 2015 y 2024 —lo que indica que fue reelegido en tres ocasiones—. Mientras que en Campeche empezó operaciones Oleofinos del Carmen, propiedad José Ángel Cortés Rosas y Martha Silvia Rosas Muñoz, que en el 2017 fueron sancionados por contaminar el Río Candelaria.
Lugar aparte merece la planta de la organización campesina Palmicultores del Milenio, la única que quebró de las veintiún plantas extractoras analizadas en esta investigación.
Desde su inicio, la planta de Palmicultores del Milenio estuvo rodeada de irregularidades. La Auditoría Superior de la Federación (ASF, máximo órgano de fiscalización del país), señaló, por ejemplo, que el 24 de junio de 2015 en una visita física se detectó que el proyecto no estaba concluido, aunque debió haber quedado listo en febrero de 2015 de acuerdo al contrato firmado con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario (FND) y a pesar de que los pagos de la construcción fueron entregados en su totalidad en octubre de 2015.
Según un boletín de prensa a fines de ese mismo año, en diciembre del 2015, José Calzada Rovirosa, titular de la Sagarpa, y el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas acudieron, a las pruebas de la puesta en marcha de la planta «Jorge Mena Pérez» que contó con una inversión de MXN $55 millones de pesos (USD $3,46 millones). Curioso que la ASF da cuenta de que la FND otorgó un crédito por MXN $26.9 millones de pesos para la construcción de la planta.
Unos años más tarde, en noviembre de 2019, Cecilio Aguirre, líder de Palmicultores del Milenio, reclamó que los apoyos prometidos por Peña Nieto y Moreno Cárdenas habían sido suspendidos. Tiempo después Aguirre declaró la quiebra de la extractora, dejando empeñados los títulos de propiedad de cerca de cien campesinos que habían sido dejados como respaldo del préstamo que nunca se terminó de pagar y que, a decir un exmiembro del gabinete del estado de Campeche, un comprador privado liquidó —por intermediación del gobierno estatal— al adquirir el equipo de la planta extractora, pero no fue posible comprobar su dicho.
De derecha a izquierda
La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, en 2018, suponía un cambio de modelo hacia la izquierda que buscaba contrarrestar las políticas neoliberales impuestas en México desde 1982. Y aunque se suspendieron explícitamente los apoyos a la palma de aceite y no hubo acciones específicas reportadas para promover la infraestructura de este cultivo, sí se nombraron a una serie de funcionarios de alto nivel formados en las administraciones del PRI y el PAN que dieron continuidad a políticas públicas que terminaron beneficiando a los agroindustriales, pues ya traían vínculos con el desarrollo de la palma en México.
La primera gran controversia respecto al campo estuvo con la designación de Víctor Manuel Villalobos Arámbula como titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social (Sader). Ingeniero agrónomo con maestría y doctorado en biociencias vegetales, Villalobos fue subsecretario de Recursos Naturales en la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) durante el gobierno de Ernesto Zedillo y subsecretario de Agricultura en el gobierno de Fox.
Tras algunos años de mantener un perfil bajo tras su aventura como financista de campaña de Fox, Alfonso Romo Garza —descendiente del iniciador de la Revolución Mexicana y ex presidente, Francisco I. Madero— regresó por la puerta grande como Jefe de la Oficina de la Presidencia de López Obrador, cargo que ocupó hasta 2020.
Salió por la puerta trasera luego de ser señalado por el secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, de cabildear a favor de los industriales del glifosato, un peligroso herbicida —de uso extendido en la agroindustria incluido el cultivo de la palma de aceite— y prohibido en muchos países.
En ese cabildeo también jugaron un papel importante Víctor Manuel Villalobos y su consuegro, Julio Scherer Ibarra, quien se desempeñaba como consejero jurídico de la Presidencia de la República y en su momento fue ejecutivo del Grupo Azucarero Escorpión, propiedad de Enrique Molina Sobrino, líder del Fondo Chiapas. Tanto Villalobos como Scherer bloquearon el decreto presidencial que prohibía el glifosato, con una propuesta legal conocida como la «ley Scherer-Villalobos», y que provocó la renuncia de Toledo, quien dio a conocer públicamente la maniobra, aunque no evitó que se impidiera la prohibición al glifosato.
Buenas intenciones…
«Muchos se dedicaron a la siembra de palma, por necesidad, pero saben qué, no quiero hablar mal de este cultivo porque llegó en un momento en que se necesitaba, pero ese cultivo sí afecta mucho el suelo, si quieren quitar la palma se llevan la capa orgánica, el suelo, queda pura tierra. ¿Y cuándo se regeneran los suelos? Llevaría muchísimo tiempo. Entonces, por eso mejor vamos a sembrar árboles frutales, maderables y la ganadería que ya se sabe cómo debe manejarse en esta región», dijo en 2019 López Obrador, en su natal Tabasco.
Y como frecuentemente el camino del infierno está pavimentado con buenas intenciones, lo que pareciera ser una política pública para desincentivar un cultivo perjudicial para el ambiente y las comunidades campesinas está replicando la ruta trazada en Asia, África y otros países de América Latina. Una ruta consistente en que una vez que la cadena de producción de la palma de aceite está funcionando y el negocio es rentable, los agroindustriales van acorralando al pequeño productor, por un lado, con el control de precios y recepción de fruta por parte de las extractoras, y por otro, haciendo que sus filiales acaparen tierra y agua para sus propios cultivos. Sin el apoyo estatal los llamados productores sociales están destinados a la quiebra o sometidos a lo que las extractoras decidan.
En México la figura del ejido —sistema de tierra comunitaria— ha frenado ese proceso, pero no lo ha impedido.
En 2024 se documentó que el 63% de los sembradíos de palma de aceite en territorio nacional se encuentran bajo el régimen de propiedad privada, el 36% está en manos de ejidatarios y el 1% son tierras comunitarias. El análisis estatal ayuda a matizar, Campeche y Tabasco donde la gran mayoría de la palma está en propiedad privada (88% y 83% respectivamente) son estados ganaderos con terratenientes que mantuvieron sus tierras intactas tras la reforma agraria, mientras que en Veracruz (47%) y en Chiapas (45%), abunda la propiedad ejidal.
La información proviene del artículo: «Does community-based tenure prevent land grabbing? The oil palm case in Mexico»12, en donde se detalla que las grandes plantaciones industriales (mayores a 500 hectáreas) ocupan el 27% del total de sembradíos. La plantación individual más extensa —identificada por el estudio— se encuentra en Campeche y tiene 3,226 hectáreas, aunque no especifica a quién o quiénes pertenecen.
¿Ha muerto el rey, viva el rey?
De acuerdo con las auditorías de la Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO), en el 2024 Oleoquímica Mexicana (Grupo Oleomex / Industrias Oleopalma) controlaba13 6,319 hectáreas, que incluyen plantaciones, terrenos de reserva e infraestructura diversa. En términos de beneficio podríamos sumarle las 3,411 hectáreas reportadas en 2024 al RSPO por la empresa extractora Prolade SAPI, de la cual José Luis Pérez Morett es accionista junto con Gastón Mauvezin, director general de Proteak, la mayor empresa agroforestal de América Central.
La suma de todo ello le daría a la familia originaria de Jalisco el manejo de casi 10,000 hectáreas, una refinería y cinco plantas extractoras, por mucho el mayor jugador de la industria en México (aunque por debajo de lo que los empresarios de Costa Rica, Honduras y Guatemala tienen en sus países). Sin embargo en 2025, la procuraduría de medio ambiente le clausuró durante un par de meses la planta de Mapastepec y en una visita a la planta de Palenque, el gerente nos informó que desde el año pasado esta solo opera como centro de acopio.
Con los datos disponibles sabemos que para 2023 Agroforestal Uumbal administraba 8,626 hectáreas sembradas más infraestructura. Si le sumamos las tierras no plantadas y las de alto valor de conservación, la empresa controla una superficie de 12,309 hectáreas en México. Lo que la ubicaría como la más grande en términos de extensión.
Además, de acuerdo con la investigación «Los Millonarios del agua»14 Uumbal cuenta con permisos de explotación de agua por 54,400 millones de litros al año, bajo el esquema de uso agrícola-único, con lo que está exenta del pago del servicio y tiene una tarifa preferencial de energía eléctrica15 para la operación de las bombas.
Como se mencionó en la primera entrega de esta serie, Uumbal es dirigida por Jorge Esteve Recolons, uno de los empresarios en México que más notoriedad ha ganado en los últimos años. Dueño de ECOM Internacional una empresa familiar con sede en Suiza dedicada a la comercialización de commodities en treinta países de America, Europa, Asia y África. También es dueño de Agroindustrias Unidas de México (AMSA), la empresa intermediaria para la compra del café que Nestlé usa para su Plan Nescafé en México.
A decir del columnista de negocios Darío Celis, en el año 2000 Isaac Saba Raffoul, Jorge Esteve Campdera y Luis Berrondo Berrondo Martínez lograron que el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador —desconfiado de la élite económica— se sentara con el empresariado. De esas reuniones, afirma Celis, nació el megaproyecto emblemático de López Obrador en la capital del país: los segundos pisos del anillo periférico.
Aunque mexicano por derecho propio, Jorge Esteve Campdera pertenece a una de las familias más ricas de Cataluña. Socio en las aventuras bancarias de Luis Berrondo Martínez, el legendario dueño de Mabe (la marca nacional más famosa de estufas), con quien compartió asiento en el consejo de Bancreser16 y luego en Banco Internacional, que vendieron al grupo británico HSBC.
Los descendientes de ambos han seguido aliados en los negocios en empresas como Crédito Real y la constructora Copri, un grupo inmobiliario que intercambió predios propiedad del Gobierno de la Ciudad de México a cambio de financiar la construcción de una serie de vías rápidas que conectan a Santa Fe —el actual centro financiero de la Ciudad—. Eso durante los gobiernos de López Obrador y del actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al frente del gobierno de la capital del país.
Esta capacidad de interlocución con la actual administración favoreció que en febrero de 2025, Jorge Esteve fuera nombrado presidente del Consejo Nacional Agropecuario, que es el órgano de acción política de los agroindustriales. Esteve, además, es el vicepresidente del Consejo Mexicano de Negocios, el mayor órgano cupular del país.
El poder que han alcanzado los empresarios palmeros en México, pero sobre todo la gran demanda de aceites vegetales por parte de las industrias instaladas en el país hace casi imposible frenar el crecimiento de la palma de aceite y menos en un escenario internacional que parece volver bruscamente al proteccionismo y el desarrollo de las industrias nacionales.
Sin embargo, se esperaría que el Estado, en su papel de garante de los derechos humanos, cumpla las promesas hechas a los campesinos de tener un cultivo con precios justos, condiciones laborales dignas, proteja los ecosistemas y mejore la trazabilidad de los insumos. Mientras que por otro lado se obligue a las industrias a informar qué tipo de aceite vegetal contienen sus productos a través de un etiquetado más completo.
Si bien muchas de las relaciones y vínculos aquí descritos podrían ser moralmente reprochables, también es cierto que buena parte de ellas son legales y merecerían un estudio profundo de por qué lo son. En su momento el propio Toledo Jamit llegó a quejarse de que los apoyos gubernamentales a la palma tenían «dedicatoria» para gente más cercana al poder que él.
Lo grave es que estas conductas no son privativas de un sector o industria sino que se extienden permitiendo la concentración del capital y la riqueza en manos de unos cuantos, dejando las facturas socioambientales a una gran mayoría que sigue teniendo dificultades para tener medios de vida estables. Ejemplos de ello abundan entre quienes siembran la palma, pero esa es otra historia, que pueden ver en el documental Las cadenas de la Palma.
La idea de que las personas no se esfuerzan lo suficiente y por eso se mantienen en la pobreza (meritocracia y echaleganismo) ha resultado ser un eufemismo muy efectivo para convencer a la población de que el Estado debe dejar de apoyar a las poblaciones más empobrecidas, mientras que el discurso desarrollista permite seguir favoreciendo al empresariado. Así, se aseguran de que la puerta giratoria continúe bien aceitada.
Este reportaje ha sido financiado como parte del Bertha Challenge 2025. Para saber más sobre este proyecto da click aquí.
- «Useless workers» en el original. ↩︎
- Chancel, L., Gómez-Carrera, R., Moshrif, R., Piketty, T., et al. Informe sobre la
desigualdad mundial 2026, Laboratorio Mundial sobre la Desigualdad. ↩︎ - «Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006 primera etapa» Sagarpa. Pág. 3 ↩︎
- «Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006 primera etapa» Sagarpa. Pág. 4 ↩︎
- Primer Informe de Labores 2001, Informe Sectorial SAGARPA, Gobierno de México. ↩︎
- Una amistad sin sombras. Correspondencia entre Manuel Gomez Morin y Efrain Gonzalez Luna 1934-1964, Fondo de Cultura Económica (2010). Tomo 5 pags. 3251-3253. México ↩︎
- Navarrete U., Carlos Alberto. 2015. Grupos y alianzas en el Partido Acción Nacional: el caso de Jalisco : 1979-1999. México: El Colegio de San Luis. Pág 155 ↩︎
- Hurtado, Javier & López Cortés, Eliseo. 2004. Relaciones de parentesco, estructuras de poder y grupos políticos en Jalisco 1995-2003. Universidad de Guadalajara. ↩︎
- «Evaluación Nacional de Resultados 2013 Proyecto Trópico Húmedo». FAO- SAGARPA. 2015 ↩︎
- Información pública conforme a la ley https://www.tenosique.gob.mx/archivos_transparencia/ALEJANDRO%20AGUILAR.pdf ↩︎
- En 2009 el entonces llamado Partido Verde Ecologista de México fue expulsado de la organización mundial de partidos ecologistas, la Global Verde ↩︎
- Antonio Castellanos-Navarrete*, Marcela A. Colocho-Rodríguez , Nicolás Vargas-Ramírez. 2024. «Does community-based tenure prevent land grabbing? The oil palm case in Mexico» en Applied Geography #172. Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México. ↩︎
- El original en inglés dice «land controlled or managed» que se puede traducir como «predios bajo manejo directo» de las empresas (propios en un sentido operativo), pero no especifica si son jurídicamente de su propiedad o si son arrendadas. https://document.rspo.org/2023/Grupo_Agroforestal_Uumbal_SAPI_de_CV_ACOP2023.pdf ↩︎
- Gómez, Wilfrido y Andrea Moctezuma. 2020. «Los millonarios del agua. Una aproximación al acaparamiento del agua en México». En Revista Argumentos, (93):17-38, México, UAM-X, https://let.iiec.unam.mx/node/4361 ↩︎
- En México la electricidad la provee el Estado. ↩︎
- Bancreser fue estatizado en 1982 y vuelto a privatizar en la década de 1990 con el nombre de Bancrecer. ↩︎
Bertha Fellow 2025. Periodista, corresponsal y editor especializado en América Latina. Ha colaborado con más de 40 medios en 25 países. Tiene un master en Estudios Internacionales. Se ha desempeñado como consultor de comunicación política para ONGs y organismos internacionales. Premio de periodismo Rostros de la Discriminación, 2022. Becario Balboa 2007. Director fundador de Comestible.info
