Una mañana de diciembre de 2024, Bruno Carnevali recibió una carta firmada por el representante de una empresa en Milán, de la que nunca había oído hablar. Tras presentar a la empresa como «una operadora líder en el sector de las energías renovables», la carta indicaba que «a partir de algunas investigaciones catastrales» encontraron que Carnevali es propietario «de varias parcelas de unos 11 646 metros cuadrados inscritas en el registro de la propiedad del municipio de Rubiera», en la provincia de Reggio Emilia, en Italia. «Dicho terreno», continuaba el documento, «podría ser de nuestro interés y, por lo tanto, nos gustaría tener la oportunidad de ponernos en contacto con usted para discutir y evaluar una posible transacción de venta de bienes raíces». Al final el correo electrónico y el número de teléfono del representante.

Aunque no tenía intención de vender la tierra en la que su familia ha cultivado uvas Lambrusco durante tres generaciones, Carnevali estaba intrigado y decidió llamar al número en la carta. Un caballero muy amable le confirmó la propuesta: la empresa está interesada en comprar el viñedo cerca de la autopista para reemplazar el cultivo con paneles fotovoltaicos. Y como anzuelo, le tiró un precio aproximado: «Pagamos entre un 40 y un 60 por ciento más que el valor agrícola. Es decir, te garantizamos unos ingresos muy superiores a los que te podría dar otro agricultor o una finca». El viñedo, precisó el representante, tendría que ser arrancado y, una vez obtenida la autorización del Ministerio de Medio Ambiente y Seguridad Energética (MoEES en italiano), la empresa completaría la adquisición del terreno e instalaría los paneles.

Han pasado unos meses desde aquella llamada telefónica y hoy, frente a sus viñedos donde se empiezan a ver los primeros frutos, Carnevali es tajante:

«La propuesta es atractiva desde el punto de vista económico, pero para mí es inadmisible. ¿Crees que voy a vender el terreno a una empresa desconocida en Milán que lo transformará en un parque energético? En mi opinión, hay un plan para cubrir grandes extensiones de tierra con paneles solares propiedad de grandes grupos económicos. Están aprovechando la crisis agrícola para limpiar el campo de agricultores».

Es difícil decir si hay un plan o no. Pero sí hay una carrera por comprar o alquilar terrenos donde instalar plantas para la producción de energía a partir de fuentes renovables. Una carrera favorecida por la posibilidad de excelentes ganancias y determinada por los objetivos de descarbonización de la Unión Europea que incluyen cubrir el 42.5 por ciento del consumo de energía con fuentes renovables para 2030 y lograr la neutralidad climática para 2050. Esa política primero afectó a varias regiones del sur de Italia, y ahora también se está extendiendo al valle del Po.

«En esas zonas hay varios revendedores que crean empresas de la noche a la mañana e intentan convencer a los agricultores de que vendan la tierra o que otorguen el llamado derecho de superficie, es decir, el derecho a utilizar los campos para instalar los paneles», dice la abogada Meri Baraldi, que sigue algunos de estos casos en la provincia de Módena para defender a los agricultores. «A menudo, los contratos ofrecidos son preliminares o previos a los preliminares, útiles solo para presentar la solicitud al ministerio. En ocasiones se trata de empresas intermediarias, creadas con el único propósito de obtener tierras y autorizaciones y luego revender los proyectos a los grandes grupos detrás de ellas».

Por teléfono, el representante que dejó la carta le explica a Carnevali que «ellos no son los compradores» sino que al final de la cadena será la empresa que construirá la planta quien adquirirá las propiedades, confirmando indirectamente lo dicho por Baraldi. Y ante la pregunta del agricultor sobre el tipo de terreno que busca la empresa, respondió: «El tamaño mínimo es de cinco hectáreas. No hay un tamaño máximo: cuanto más grande, mejor».

La carrera por las energías renovables en terrenos agrícolas tiene una fecha de inicio precisa: el 8 de noviembre de 2021, cuando el gobierno presidido por Mario Draghi promulgó el llamado decreto energético, un decreto legislativo cuyo objetivo es estimular la producción de energía a partir de fuentes renovables. El documento preveía una serie de subvenciones para la construcción de plantas energéticas a partir de fuentes renovables, daba luz verde a un procedimiento simplificado para las autorizaciones y fijaba en 180 días a partir de su aprobación el plazo para establecer «principios y criterios homogéneos para la identificación de las superficies y áreas aptas y no aptas para la instalación» de las plantas.

El decreto logró su objetivo: inmediatamente después de su publicación, se multiplicaron las solicitudes al Ministerio de Medio Ambiente. La transición energética había sido estimulada por el Gobierno.

El corazón del nuevo boom solar

Esta política pública ha puesto en marcha a diversos actores, desde productores y proveedores tradicionales de energía hasta una multitud de empresas creadas expresamente para beneficiarse de la nueva gallina de los huevos de oro. Resultado: hoy en día, en la página web de Terna, la empresa que gestiona la red eléctrica, hay solicitudes de conexión de nuevos preveedores por un total de 355 gigavatios, es decir, más de cuatro veces la cantidad prevista por el decreto Draghi, sobre la base de los objetivos europeos que se detenía en 80 gigavatios para 2030.

Los números más importantes se refieren a regiones como Cerdeña, Sicilia y Puglia. Pero en los últimos tiempos, las solicitudes también han aumentado en el Valle del Po, y en particular en Emilia-Romaña, donde los planes de conexión son de 10 gigavatios. Solo en la provincia de Ferrara, hay solicitudes de 4.55 gigavatios. Y en medio de esa gran área que va desde esta ciudad hasta el mar, hay un municipio que parece ser el corazón del nuevo boom solar: Argenta. «Tenemos un record de solicitudes: según arroja el sitio web del ministerio hay medidas de autorización relativas a mil hectáreas de tierra. Aquí todo el paisaje cambiará», explota Andrea Panizza, presidente y fundador de la asociación Terra Argenta, creada precisamente para estimular un debate crítico en torno al desarrollo de las energías renovables en el municipio.

Panizza recuerda cómo descubrió por casualidad que varios terrenos, incluido uno justo enfrente de la casa de campo que acababa de comprar, parecían destinados a albergar sistemas fotovoltaicos. «Me enteré por un artículo en Nuova Ferrara en marzo de 2024. Una vez que lo leí, llamé al periodista y traté de obtener más información». Junto con los demás miembros de la asociación, ha creado un mapa de las plantas autorizadas o en proceso de autorización, tratando también de reconstruir los intereses detrás de ellas. «Estamos convencidos de que las energías renovables son un gran reto para el futuro. Pero debe hacerse con criterio, respetando el equilibrio ambiental y sin comprometer el uso agrícola», dice Panizza.

El municipio de Argenta parece tener todas las credenciales para convertirse en un importante centro de renovables: cuenta con una enorme extensión, mucho terreno disponible y subestaciones eléctricas bien ubicadas, un elemento que permite contener los costes de las centrales. No es casualidad que hoy en día haya 16 solicitudes de otras tantas instalaciones repartidas por todo el municipio.

Y podrían aumentar. «Mi principal preocupación por la mañana cuando llego al ayuntamiento es revisar si han llegado nuevas solicitudes durante la noche», dice el alcalde Andrea Baldini. Una vez que se haya creado una infraestructura de gestión de energía, con una subestación eléctrica especialmente diseñada como lo requiere uno de estos proyectos, será más fácil instalar nuevos sistemas, en una especie de proceso acumulativo.

Alarmado por los efectos que algunas de estas extensiones de paneles pueden tener en el paisaje, Baldini se unió a un grupo de unos doscientos alcaldes que fueron a Roma como delegación para pedir un mayor poder de intervención para las autoridades locales. «Los municipios pueden expresar comentarios sobre los méritos y opiniones negativas, pero no son vinculantes», explica.

Para acelerar los procedimientos, el decreto de energía centralizó el proceso, pero entregando a las regiones individuales la tarea de definir las llamadas áreas adecuadas. La respuesta de las regiones, para dicha definición, ha sido desigual: algunas nunca lo han hecho, mientras que otras han emitido regulaciones restrictivas, como Cerdeña, que limitó las áreas aptas para la energía eólica y fotovoltaica al uno por ciento del territorio regional.

El consejo regional de Emilia-Romaña dio luz verde a la norma el 13 de mayo de 2025, previendo un mecanismo para evaluar los llamados impactos ambientales acumulativos. Pero justo al día siguiente, el tribunal administrativo regional (TAR) de Lazio anuló el decreto que otorgaba a las regiones la función de identificar áreas adecuadas, argumentando que había una discreción excesiva. «La verdad es que los municipios invertidos por las solicitudes pueden hacer muy poco. Podemos pedir mayores compensaciones, pero siempre dentro de un cierto límite. Incluso cuando decidimos oponernos a una planta que creemos que tiene un impacto excesivo, no tenemos los recursos financieros para asumir los costos de una apelación», argumenta Baldini.

Fondos de inversión extranjeros a la conquista de la tierra

Pero, ¿quién está detrás de este auge? La mayoría de los proyectos aprobados o en discusión en Argenta han sido presentados por tres grandes grupos. Una serie de solicitudes han sido presentadas por Enfinity, que forma parte de la multinacional estadounidense Enfinity Global de Miami, Florida. Los estados financieros de la compañía muestran que la subsidiaria italiana Enfinity Solare es propiedad al 100 por ciento de EG Europe Holco BV, una empresa con sede en los Países Bajos, que a su vez está vinculada a Enfinity global.

Enfinity Solare ha creado una serie de empresas de propósito especial (es decir, creadas para gestionar proyectos específicos), con las que ha presentado varias solicitudes al Ministerio de Medio Ambiente, un total de 84 en toda Italia. Solo en el territorio de Argenta y en el cercano municipio de Portomaggiore ha implementado siete proyectos, por un total de 203 megavatios de potencia. Seis de estos ya han sido aprobados, un séptimo está pendiente en el ministerio.

Tal y como se recoge en la web de la compañía, Italia es uno de los países clave de Europa para la estrategia de Enfinity, que acaba de anunciar la colocación de un préstamo de bonos de 100 millones de euros a través del grupo inversor francés Eiffel. Los bonos siguen a varios préstamos obtenidos en 2024 de instituciones bancarias y fondos de inversión.

Otros tres proyectos presentados en Argenta a través de tres empresas de propósito especial –por un total de 472 hectáreas–, están dirigidos por Wood italiana srl. La empresa tiene su sede en Corsico, en la provincia de Milán, y está vinculada a John Wood Group Plc de Aberdeen, Escocia, que se define como una «empresa de ingenieros y consultores globales, cuya misión es diseñar el futuro de la energía y los materiales».

El grupo cotiza en la Bolsa de Londres, donde ha experimentado un descenso considerable en los últimos tiempos: el valor de las acciones se ha desplomado en el último año en un 90 por ciento, pasando de dos libras a poco más de veinte céntimos. La razón sería una auditoría independiente que llevó a la necesidad de realizar «cambios significativos en los balances y las ganancias de los últimos tres años». Según el anuncio del grupo, se están llevando a cabo conversaciones para una adquisición por parte de Sidara, una empresa de ingeniería y diseño con sede en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

Tras una búsqueda en la Cámara de Comercio, resulta que Wood Italiana es propiedad de Fw Investment Holding sarl, un fondo de inversión con sede en Luxemburgo. Wood Italiana tiene varios proyectos en marcha en Italia, tanto en energía solar como eólica. En Argenta, tiene un proyecto aprobado definitivamente por 168 megavatios y otro por 68 megavatios en proceso de aprobación por el ministerio. Había presentado un tercero para una planta de 57 megavatios en 116 hectáreas en Consandolo, justo al lado de una ciudad, a través de una empresa de propósito especial llamada Newagro. Pero, en septiembre de 2024, lo vendió a otra empresa, Exus Italia srl.

Exus es el tercer grupo más importante activo en Argenta. Además de la planta de Consandolo, está planeando otra planta de 24 megavatios, combinada con un sistema de almacenamiento de baterías (BESS) de 12 megavatios. Y este parece ser el principal sector de negocio de Exus en Italia: la compañía ha cerrado acuerdos para construir 800 megavatios de Bess en Puglia.

Exus Italia srl es 100 por ciento propiedad de una empresa con sede en España llamada Exus Renewable srl, que a su vez es propiedad del fondo de inversión con sede en Suiza Partners Group y tiene una cartera de activos bajo administración por valor de $ 152 mil millones.

«Nos hemos convertido en una tierra de conquista para los fondos de inversión extranjeros. Le estamos dando nuestras tierras, sin preocuparnos por las consecuencias a mediano plazo», comenta Panizza.

Pero, ¿por qué las multinacionales y los fondos extranjeros están tan interesados en lanzarse a este sector? La inversión garantiza rendimientos muy altos, pero no puede ser realizada por cualquiera, porque se necesita un capital inicial significativo. Por cada megavatio de potencia se deben invertir unos 700 mil euros. Por lo tanto, se necesitan millones de euros para cada una de estas plantas. El juego ciertamente vale la pena: a los precios actuales de la energía, la inversión se recupera en cuatro o cinco años, mientras que las plantas permanecen vivas durante al menos veinte años. Si tenemos en cuenta que cada megavatio de potencia puede garantizar beneficios de hasta 150 mil euros al año y que la potencia media de las solicitudes presentadas al Ministerio de Medio Ambiente son decenas de megavatios, es comprensible por qué entre los protagonistas de esta fiebre del oro hay gigantes financieros.

¿Fue el decreto de Draghi de 2021 el único camino a seguir para estimular la tan necesaria transición energética? Paolo Pileri, profesor de planificación territorial y ambiental en la Universidad Politécnica de Milán, está convencido de que no lo es. «En lugar de fomentar el uso de terrenos baldíos y superficies abandonadas para producir energía renovable, hemos optado por favorecer a los inversores financieros y su deseo de minimizar los costos y maximizar las ganancias». Esto, según el profesor, tendrá una consecuencia duradera y nefasta: producirá un mayor consumo de tierra en un país que ya tiene el récord en Europa en este punto. «Por no hablar de otro aspecto que no es secundario: estamos confiando todo a particulares. Hemos renunciado a la idea de que la producción de energía puede ser pública».

La espiral especulativa

Entre los sugestivos frescos de la sala del consejo del Palazzo Naselli Crispi, sede del Consorcio de Recuperación de la Llanura de Ferrara, a tiro de piedra del castillo este de la ciudad, Stefano Calderoni es de la misma opinión. Presidente del consorcio y empresario agrícola de la provincia, también observa con preocupación el avance de estas multinacionales energéticas. «Al delegar un tema de interés público como la energía a una entidad privada, se ha creado una gran espiral especulativa», observa. Las consecuencias, según Calderoni, pueden precipitar irreversiblemente la crisis en la agricultura, que ya es muy grave. «Se está determinando tanto una distorsión del mercado de la tierra que hace que la tierra sea inaccesible para cualquiera que quiera ser agricultor, especialmente para los jóvenes».

La gran carrera por adquirir tierras para la producción de energía se ve facilitada por la baja rentabilidad de la agricultura. La propuesta que recibió Carnevali por teléfono no es una excepción: los precios de compra o alquiler que ofrece la industria energética son mucho más altos que los precios del mercado agrícola. Y en Italia son un incentivo difícil de resistir, incluso en una zona tradicionalmente productiva como el Valle del Po.

Pero el punto es precisamente este: aquí la tierra ya no es tan productiva como antes. En Emilia-Romaña, que alguna vez fue el corazón de la fruticultura europea, la crisis ha estado golpeando con fuerza durante años. La inestabilidad climática, junto con la llegada de plagas agresivas como la chinche asiática, ha provocado un colapso de la producción.

Según los datos presentados por el Centro de Servicios de Frutas y Hortalizas (CSO Italia, una asociación de operadores de la cadena de suministro) entre 2013 y 2024 las hectáreas plantadas de peras en Emilia-Romaña se han reducido prácticamente a la mitad, de 21300 a 11 300. Solo en la provincia de Ferrara, ha pasado de ocho mil a cuatro mil hectáreas en los últimos cinco años. Las mismas cifras dramáticas para melocotones y nectarinas. Un colapso vertical determinado, además de las caídas sustanciales de la producción, también por los bajos precios pagados por los supermercados.

Massimo Fabbri, propietario de uno de los pocos huertos que quedan en Argenta, lo sabe bien. Su campo, alrededor de la casa donde vive, corre el riesgo de convertirse en el pueblo de Astérix. Si un proyecto presentado por el grupo Enfinity obtiene luz verde, estará completamente rodeado de paneles solares. «También vinieron a mí para ver si estaba interesado en cederles los terrenos. Pero ni siquiera pienso en eso». Fabbri ha logrado asegurar una ganancia cambiando la forma en que hace negocios: vende fruta directamente a los clientes, sin pasar por cooperativas y distribución a gran escala. Pero siguió siendo el único en el área. A su alrededor, hay extensiones de tierra cultivable. Muchos de los cuales pronto albergarán grandes campos de paneles fotovoltaicos.

Es una especie de círculo vicioso: la agricultura que da pocos ingresos empuja a los agricultores a ceder tierras al sector energético, lo que crea una burbuja en el valor de la tierra, haciendo que el trabajo agrícola sea aún menos rentable. «Hoy el precio de la tierra se mantiene alto precisamente por esta especulación», analiza Calderoni.

Precisamente para remediar este problema y anestesiar cualquier competencia entre la producción de alimentos y la energía, en mayo de 2024 el gobierno intervino con una norma que prohibía la energía fotovoltaica montada en el suelo de las zonas agrícolas. En el llamado decreto agrícola se establece que los paneles no pueden ser colocados directamente sobre el suelo, a menos que estén a una distancia inferior a 500 metros de una zona industrial o 300 metros de la carretera. De lo contrario, deben elevarse a una altura que permita que la actividad agrícola continúe en la tierra de abajo. Por lo tanto, todos los proyectos presentados después del decreto agrícola deben ser de tipo «agrivoltaico».

El objetivo es crear una «sinergia positiva» entre la producción de energía y alimentos, como se subrayó en un encuentro promovido en Ferrara el 19 de mayo por Legambiente y la Fundación Hermanos de Navarra para la Agricultura. «Debemos producir energía renovable de manera significativa para combatir el cambio climático», subrayó Angelo Gentili, jefe de agricultura de la asociación ambiental, en esa ocasión. «Sin mencionar», agregó, «que la agrivoltaica puede mejorar los ingresos de una agricultura de rodillas».

Esta no es una observación fuera de lugar: la producción de energía puede garantizar ingresos adicionales a los agricultores en dificultades. Pero es legítimo preguntarse: ¿es una sinergia real? Las plantas construidas hasta ahora son muy pocas, por lo que es difícil entender si es posible seguir cultivando los campos bajo los paneles. Y qué rendimientos tendrán esos campos. Algunos estudios de la fundación Navarra, que está a la vanguardia en el apoyo a la agrivoltaica, dicen que las extensiones de paneles elevados también podrían ser una protección contra las altas temperaturas en verano y las tormentas de granizo.

Pero no todos están de acuerdo en este punto. «Deberíamos ser más honestos y decir simplemente: en una parte del campo produzco energía en lugar de alimentos», dice un agricultor de la provincia de Pavía que ha solicitado permiso para instalar una planta en su tierra. «Ahora la nueva legislación me obliga a la agrivoltaica, con un aumento de los costes. Pero no me importa lo que voy a cultivar debajo de los paneles. En la zona donde los puse, mi negocio es la energía». El empresario prefiere permanecer en el anonimato porque «el tema es controvertido y no quiero despertar reacciones inapropiadas hasta que haya obtenido las autorizaciones». Pero también hace la pregunta clave: «Dado que mis cultivos no me garantizan un ingreso adecuado, ¿qué daño hay en producir energía en lugar de alimentos?».

A unos cientos de kilómetros de distancia, en su granja justo al lado de la Autostrada del Sole, Bruno Carnevali no es de la misma opinión. Mientras deambula por su viñedo y evalúa el estado de la uva, «que este año comenzó tarde debido a las heladas», sigue negando con la cabeza. «No quiero ver el valle del Po transformado en una extensión de paneles. Tenemos una tarea: producir alimentos y proteger el territorio. Si regalamos nuestra tierra por energía, ¿qué comeremos al final?»

Este reportaja es parte de una investigación coordinada por Internazionale ha sido financiado como parte del Bertha Challenge 2025. Para saber más sobre este proyecto da click aquí.
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