Activistas, sindicalistas, gente de la academia y el campo, en América Latina y Europa consideran que el acuerdo comercial entre los veintisiete países de la Unión Europea (UE) y los cinco países con derecho pleno del Mercosur tiene un ganador claro: las grandes empresas agroindustriales y de alimentos ultraprocesados. Quienes perderán son las y los productores agropecuarios a pequeña escala, en ambos continentes.

En palabras de Judite Santos, responsable de las relaciones internacionales del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) del Brasil –la organización agraria más grande del planeta–, este acuerdo comercial, es una derrota para la gente que trabaja el campo. «Sobre todo del bloque Mercosur, porque lo entendemos como un tratado bastante desigual, bastante asimétrico y que tiene raíces neocoloniales», argumenta. 

Este tratado entró en vigor de manera provisional el 1 de mayo del 2026. Esto indica que comercialmente está operando, aunque su legalidad se encuentre en discusión en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la eurocámara cuestionan que, luego de 25 años de negociaciones, la Comisión Europea haya dividido el tratado en dos partes para acelerar su aprobación: una comercial, que se centra en la reducción de aranceles y acceso a mercados, y la otra política, donde se discuten la deforestación amazónica, el cumplimiento del Acuerdo de París, la competencia agrícola y los mecanismos de sostenibilidad, entre otros.

De acuerdo con el documento de trabajo: Trading Away Industrialization? Context and Prospects of the EU-MERCOSUR Agreement, elaborado por Jeronim Capaldo y Özlem Ömer para el Global Development Policy Center, este acuerdo comercial es, en realidad, una regresión hacia economías más desiguales, menos productivas y más vulnerables tanto en la Unión Europea como en el Mercosur, y advierten que puede provocar estancamiento salarial, desindustrialización prematura, reprimarización y una mayor dependencia de la demanda externa.

Si bien los estudios de impacto de sostenibilidad solicitados por la Comisión Europea al London School of Economics, para evaluar las consecuencias de este acuerdo comercial indican que, por ejemplo, en Brasil habría un incremento del bienestar del 1.4% y la mayor caída de precios al consumo de la región de menos 1.5%, el investigador de la Universidad de San Martín, en Argentina, Ramiro Bertoni pone la lupa en la letra pequeña y hace notar que las proyecciones salariales reales permanecen intactas. Lo que en economía se llama una redistribución negativa del ingreso y que se resume en que los ricos se harán más ricos y los pobres más pobres. 

El problema de exportar productos primarios (aquellos que se obtienen directamente de la naturaleza, sin pasar por un proceso de transformación industrial) no solo es que los países se primarizan, sino los efectos que tiene eso, explica en entrevista Bertoni.

A decir del académico: «Si Argentina hubiese hecho una gran reforma agraria y cada argentino tuviera, no sé, cincuenta hectáreas, está bueno que nos primaricemos. Y que suba la soja podría ser un problema para el modelo de desarrollo, pero no sería un problema distributivo». Pero no es así, en América Latina el 10% de los terratenientes acaparan el 75% de la tierra cultivable y 50% de la población posee apenas el 2% de la tierra, siendo la región más desigual en este rubro¹.

El dilema brasileño

Las organizaciones sociales campesinas y sindicales de Brasil enfrentan un dilema que impacta a sus pares en ambos lados del Atlántico, principalmente en la Unión Europea. Su lucha contra del acuerdo comercial Mercosur-UE dañaría profundamente la imagen del único gobierno progresista que queda en la región, el liderado por el exsindicalista Inácio Lula da Silva, quien en 2026 aspira a ganar por cuarta vez la elección presidencial, esta vez frente al ultraderechista Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, este último condenado en su país por intento de golpe de Estado y denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad.

«Lula es un gran problema», nos dice Monica Di Sisto vicepresidenta dell’Osservatorio Italiano su Commercio e Clima Fairwatch «tuvimos en la CGIL [Confederazione Generale Italiana del Lavoro] en Roma una gran reunión con los sindicatos de Brasil y Argentina, todo muy bien, participaban en todas las reuniones, pero en privado nos pidieron que dejáramos de presionar, nos decían “compañera, ya sabes, Lula es nuestro futuro. Si gana Bolsonaro, estamos muertos”. Y es verdad. Es cierto.»

Durante su gobierno (2019-2022), Jair Bolsonaro desapareció el ministerio del trabajo, dictó leyes contra los sindicatos, desmanteló el aparato de protección de la Amazonía mientras impulsaba su explotación comercial, y para lograrlo, además, vulneró los derechos de los pueblos originarios. En su informe «1000 días sin derechos: Las violaciones del gobierno Bolsonaro», Amnistía Internacional documentó treinta y dos actuaciones del gobierno, en sus primeros mil días, que condujeron a graves violaciones de derechos humanos. En 2026, Eduardo Bolsonaro, tercer hijo de Jair, fue condenado a cuatro años de cárcel por negociar con Donald Trump el apoyo de los Estados Unidos para concretar el golpe de Estado de su padre. 

Brasil es el tercer país de mayor territorio en todo el continente americano y el segundo (detrás de EE.UU) en cuanto a población y tamaño de su economía, la cual aporta el 74% de los tres billones de dólares de PIB anual nominal que genera el Mercosur. Miembro además del foro político económico conocido como los BRIC (Brasil, Rusia, India y China), que aglutina a las principales economías emergentes del planeta, Brasil fue quizá el actor más importante para el logro de este acuerdo comercial.

«En 2019, el gobierno de Bolsonaro había dado por cerradas las negociaciones del acuerdo otorgando todas las concesiones posibles en materia de derechos de la tierra y el medio ambiente, sin que hubiera ningún derecho para Brasil», comenta Quintino Marques Severo, secretario adjunto de Relaciones Internacionales de la Central Única de Trabajadores (CUT) de Brasil.

La firma del convenio marco (1995) y las primeras negociaciones (1998) del acuerdo entre el Mercosur y la UE se dieron con las presidencias en Argentina de Carlos Menem, alineado con el neoliberalismo y el Consenso de Washington, y en Brasil de Fernando Henrique Cardoso, un reconocido teórico postmarxista, que sostenía que era posible desarrollar a los países de América Latina a pesar de su condición de economías periféricas —proveedoras de materias primas y consumidoras de bienes manufacturados—, para industrializarlas y lograr el desarrollo económico, articulando al Estado, el capital nacional y la inversión extranjera.

Sin embargo, tras 26 años de negociaciones, principalmente de gobiernos de izquierda en América Latina, al llegar la derecha al poder con Bolsonaro en Brasil y en Argentina con el empresario Mauricio Macri entregaron las materias primas y aceptaron los bienes manufacturados. De esta manera se regresaba a las naciones del Mercosur a su condición de dependencia frente a Europa. A pesar de esta ventaja, gobernantes del viejo continente, como el presidente francés Emmanuel Macron y la entonces poderosa canciller alemana Angela Merkel frenaron el acuerdo ante los crímenes ambientales y violaciones de derechos humanos del gobierno de Bolsonaro. 

«Cuando Lula volvió a ganar la presidencia rediscutió el acuerdo y consiguió retirar la liberalización de las tierras raras brasileñas, un pequeño avance en las compras gubernamentales, se retrasó la entrada de productos industriales y se les elevaron los aranceles para evitar que afecte mucho a la industria brasileña», señala Marques Severo.

Así, Lula da Silva se convirtió en el principal promotor del acuerdo comercial Mercosur-UE. Primero dentro del país, al conseguir el apoyo de las élites agroalimentarias, que serán las mayores beneficiadas. Luego, hacia el interior del Mercosur, con el argumento que no pueden depender de Estados Unidos ni de China. Y finalmente, con Europa, logrando el apoyo de gobiernos como el de Francia y en general de los partidos socialistas, así como de las organizaciones sindicales y sociales de ambos lados del Atlántico –a pesar de las críticas y protestas que protagonizaron–, conscientes de la necesidad de contener el crecimiento de la ultraderecha fascista impulsada desde Estados Unidos.

«Por eso no hemos enfrentado directamente los dilemas internos que vive nuestro gobierno y nuestro país, porque hay un asunto que es mayor. El MST es un movimiento autónomo, tiene su opinión política en diversos temas, pero jamás podremos cometer el error de no hacer la lucha para enfrentar a la extrema derecha», Judite Santos, MST.

Exportar deforestación

Tras comparar 189 países entre 2001 y 2012 el Instituto Amazónico de Pueblos y Medio Ambiente (Imazon) encontró que los acuerdos de libre comercio aumentaron la deforestación en aquellos países relacionados con la producción de materias primas.

En el caso del Acuerdo UE-Mercosur, el Imazón considera que es una posibilidad que «la invasión agrícola de pastizales subutilizados o de baja productividad para satisfacer la nueva demanda elevará los precios de la tierra, desplazando a los ganaderos hacia los bosques tropicales, que luego serán deforestados para la cría de ganado».

También señala que priorizar la carne producida en zonas que puedan cumplir con el Acuerdo UE-Mercosur significará mayor deforestación para poder abastecer al mismo tiempo el mercado local u otros de exportación menos exigentes. Este efecto dominó no solo significaría un impacto al ambiente, sino mayor presión sobre tierras indígenas y disputas alrededor de tierras mal habidas.

Por su parte, el informe Ambec, encargado en 2020 por el gobierno de Francia a una comisión de expertos independientes, advertía que el acuerdo en ese momento representaba una oportunidad perdida para la Unión Europea en términos de utilizar su poder de negociación para garantizar salvaguardas ambientales, sociales y económicas sólidas en América Latina.

Pues se estima que este acuerdo podría acelerar la deforestación anual en un 5%, con lo que la EU estaría importando deforestación en forma de carne. «Uruguay y Paraguay, por ejemplo, prevén una nueva expansión de la producción ovina para las exportaciones de carne, quesos, leche desnatada y leche en polvo como base de fórmula para bebés y esto es un gran problema para los estándares», señala Monica Di Sisto.

Uno de los grandes absurdos en toda esta negociación es la falta de controles sobre los cueros y pieles, así como sus manufacturas, a pesar de la evidencia científica que vincula a esta industria pecuaria con la deforestación. En 2020, la ONG Earthsight publicó un informe que demostraba que el cuero utilizado en los vehículos BMW y los Range Rover era proveído por curtiembres italianas y estaba vinculado a la deforestación ilegal de las tierras del pueblo Ayoreo en Paraguay. Y en abril del 2026, Global Witness develó que un grupo de curtiembres de Lui Vuitton era «una figura clave» del lobby del cuero para excluirlo del Reglamento de la UE sobre deforestación.

Otra de las preocupaciones europeas tiene que ver con el uso de pesticidas y antibióticos como promotores de crecimiento, muchos de los cuales están prohibidos en la UE por riesgos a la salud pública y el desarrollo de resistencia a los antibióticos, un problema que, por ejemplo, en Italia todavía tiene efecto en la generación que creció y fue criada en la década de 1970, explica Di Sisto. 

Ese temor ya generó un veto a la carne bovina procedente de Brasil, que deberá surtir efecto a partir del 3 de septiembre de 2026. La decisión ha generado la molestia de Brasil por dos motivos: primero, porque el veto fue decretado a los 12 días de entrada en vigor del acuerdo, y segundo, porque es el país dominante en el comercio internacional de carne bovina y de pollo, a través de cuatro grandes empresas JBS, Marfrig, BRF y Minerva.

El miedo no es irracional pues el veto no es para siempre. Según explica Di Sisto, es apenas un tiempo de gracia de tres meses y medio para solucionar un problema que todos los estudios de la Comisión Europea, que se desarrollaron antes de la firma del tratado, calculaban que tardará en solucionarse entre ocho y diez años.

Vencedores vencidos

Los tres años previos a la firma del tratado estuvieron marcados por fuertes protestas de agricultores y sindicatos en Europa, que consideran estar en una clara desventaja frente a las escasas regulaciones en materia ambiental, laboral y de seguridad alimentaria del Mercosur. 

«La guerra en Ucrania ya había erosionado los mercados de cultivos especializados y productos básicos. Ya estábamos funcionando con ingresos muy bajos y entonces llega una última explosión que viene de América Latina», explica Attila Szöcs, agricultor y director ejecutivo de la organización agroecológica Alpa Land for Life, con sede en Rumania.

Estas y otras preocupaciones fueron compartidas en su momento por algunos de los gobiernos europeos, encabezados por Francia, y respaldado por la mayoría de las y los parlamentarios de los partidos verdes. Aunque después del Covid y del inicio de la Guerra en Ucrania, las cosas cambiaron.

«Hay un gran temor en Europa por la entrada de materias primas muy baratas sobre todo respecto a la carne vacuna y de pollo. Lo cual es un problema para los productores locales, porque un gran productor en Europa no es un gran productor de América», señala Francesco Panié del Centro Internazionale Crocevia, una ONG italiana dedicada a promover la soberanía alimentaria en todo el mundo.

A lo anterior se suma el uso de Organismos Genéticamente Modificado (OGMs), conocidos comúnmente como transgénicos, sobre los cuales existen leyes de trazabilidad muy estrictas en la UE, que obligan a que cualquier alimento para consumo humano que los contenga lo advierta en la etiqueta, pero no es así si se usa para alimentar al ganado. Esto permite importar OGM aún en dónde está prohibido producirlos, lo cual abarata aún más el costo de ciertos cultivos.

«Los pequeños productores son los más afectados por los tratados de libre comercio, porque tienen que competir con colegas que son muy grandes, y con las mismas reglas, las mismas leyes del tratado», explica Panié. Muchas de las medidas compensatorias para el campo europeo obtenidas a raíz del acuerdo con el Mercosur, como son «las subvenciones y ayudas públicas no están realmente destinadas a mantener la autosuficiencia alimentaria, sino que son destinadas, principalmente a satisfacer el apetito del mercado global» advierte Attila Szöcs.

En diciembre de 2025, las partes negociadoras de ambos bloques dirimieron medidas en búsqueda de atenuar la oposición de agricultores de ambos lados del Atlántico: 

Para los europeos, la posibilidad de reinstaurar tarifas en productos «sensibles» como carne, huevos, cítricos y azúcar si las importaciones superan un aumento del 8% o los precios se reducen también un 8% sobre el promedio trianual ya existente. Pero no es automático, explica Panié, sino que la comisión debe hacer una investigación que puede tomar meses, incluso años, mientras tanto los precios pueden seguir bajando y los productores seguir sufriendo en lo que la comisión hace su investigación.

Por su parte, los sudamericanos obtuvieron un lenguaje mucho más suavizado en el tratado en materia de salvaguardas ambientales como de bienestar animal y pesticidas, que pasarán a ser «monitoreadas constantemente» antes de ser prerequisitos.

Así, aunque para Sudamérica la ganadora parece ser Europa, que obtendrá materia prima mientras manda productos obsoletos, sobre todo en mecánica, armamento e incluso productos ilegales dentro de la propia Unión, como, por ejemplo, en materia química, la verdadera ganadora a ambos lados será la industria de ultraprocesados.

«Solo quieren material primario barato de todo tipo de aceites, grasas que son muy importantes, grasas vegetales que son muy importantes porque hay una carrera en esta locura de la dieta proteica en Europa y en Estados Unidos», señala Di Sisto.

Mercosur-UE acuerdo desigual

Cuando se realiza un acuerdo de este tipo, las decisiones suelen debatirse a un nivel gubernamental y entre actores con gran poder económico, «pero el productor rural es quien se encarga en la práctica de los costes, ajustes y nuevos requisitos. Por ello, considero importante que la realidad de quienes producen siempre se tenga en cuenta durante este tipo de negociación», indica Isabela Vasconcelos, agrónoma y productora rural brasileña.

Para ella, el tratado puede ser un arma de doble filo que, si bien pude abrir las puertas a un mercado más grande para la exportación y de acceso a maquinaria y tecnología para el campo a la agroindustria, para productores a mediana y pequeña escala el proceso puede ser más complicado, dadas las diferencias tan grandes que existen dentro del propio sector. «Los que ya están estructurados tienden a crecer aún más, mientras que los productores pequeños y medianos pueden perder competitividad», agrega la agrónoma.

A pesar de separarles casi 10,000 km y de las diferencias sociales, políticas y socioeconómicas que pueda haber entre Rumania y Brasil, las inquietudes de Vasconcelos son las mismas que las de Attila Szöcs, considerando que ambas personas cuentan con estudios en agronomía, viven del campo y conocen bien el sector, pues lo han trabajado con amplitud.

Para Attila, «los intereses de las grandes granjas latinoamericanas y europeas están muy entrelazados. Tenemos las mismas empresas europeas que suministran los petroquímicos y todos los insumos de la agricultura. Los grandes bancos y fondos de cobertura que impulsan la agricultura industrial aquí lo hacen allá, así que los demás productores compartimos los mismos problemas en Europa y América Latina». De todos ellos, el principal es que para la mayoría resulta casi imposible competir en un mercado creado para grandes jugadores. Tan grandes que incluso trascienden la voluntad de los gobiernos de sus respectivos países, que navegan en un entorno mundial que está en pleno cambio. 

El capitalismo neoliberal, que desde la caída del Muro de Berlín ha sido prácticamente el único sistema económico operante, está sufriendo un cisma que los teóricos dividen entre capitalismo con un Estado fuerte al estilo Chino o Ruso, y otro liberal nacionalista centrado en los mercados, como se dibuja ahora en Estados Unidos.

Como explica el también economista y académico de la Universidad Torcuato Di Tella Ramiro Bertoni: «Estamos viendo el fin del orden multilateral y de libre comercio, donde la OMC ponía reglas para todos. En parte porque a Estados Unidos le deja de convenir en su disputa hegemónica con China y patea el tablero porque ve que termina beneficiando más a China que Estados Unidos que sigue usando a América Latina como su patio trasero, interviniendo cada vez de manera más abierta en la región, para imponer el mando del capital y donde la democracia se ha transformado en un adorno estorboso que no saben dónde poner».

Ejemplo de ello es lo que sucede en Argentina con el presidente Javier Milei, quien le ha dado a Estados Unidos lo que la Washington ha calificado como «unprecedented access» para los exportadores estadounidenses al mercado argentino así como acceso preferencial a los minerales críticos como el cobre y el litio. Con lo que el país va a perder producción manufacturera frente a Europa y a Estados Unidos. Pero también va a perder mercado en Brasil, país que consume el 14.7% de los productos argentinos, gracias a las tasas preferenciales que hay entre ambos países, pero eso tenderá a cambiar conforme las tasas a productos europeos vayan bajando con el nuevo acuerdo.

Por su parte, Europa ha quedado en el limbo dentro de este cambio sistémico. Hasta hace unos años, gente de la política y la diplomacia comunitaria creyó que con el comercio podrían mejorar las condiciones de terceros países, imponer mejoras en las condiciones de las personas trabajadoras, el medio ambiente, los estándares de vida y de calidad de los productos, «pero eso ha cambiado y solo les importa el dinero», señala Monica Di Sisto: «y no les importa si lo consiguen mediante la guerra e invirtiendo todo lo que tenemos en armas. Y es una locura, porque hasta ayer afirmaban que teníamos que asegurarnos de que todos tengan electricidad, energía solar, que todo sea limpio y todo sea ecológico».

En este escenario la entrada en vigor del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, así como el Acuerdo Global Modernizado (AGM) que Europa firmó con México el 22 de mayo de 2026 y el Acuerdo Marco Avanzado (AMA) que la UE firmó con Chile en 2025, no son solo el cierre imperfecto del proyecto de asociación birregional diseñado en la década de 1990², es también también una declaración política en el que se respalda el multilateralismo y se defiende el libre comercio frente a la actual crisis del modelo globalizador, que incumplió su promesa de desarrollo y distribución de la riqueza.

Texto realizado con colaboración de Stefano Liberti 

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1. Luis Bauluz, Yajna Govind, Filip Novokmet. Global Land Inequality. 2020. https://www.parisschoolofeconomics.eu/publications-hal/global-land-inequality/ ↩︎
2. Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo. La Unión Europea, América Latina y el Caribe: aunar fuerzas para un futuro común
   https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/06/UE-Comunicacio%CC%81n-conjunta-UE-ALC-2019-2.pdf ↩︎

Este reportaje ha sido financiado como parte del Bertha Challenge 2025.