En los últimos 10 años, el precio al consumidor de la mayoría de los productos agrícolas generados en México ha aumentado de manera abrupta. La culpa se la echaron al mercado, a los problemas climáticos y las malas cosechas. Pero el motivo real es una plaga que lo mismo ataca al limón que al maíz, que es capaz de acaparar suministros de agua y de gasolina. Se trata del crimen organizado que pasó de  controlar los mercados ilegales a incidir en la economía legal.

Como parte de su proceso de expansión y diversificación de su cartera hoy comercian con productos legales obtenidos vía la extorsión y el robo, principalmente commodities. Estas actividades predatorias han contribuido al aumento de la inflación y dieron pie durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) al surgimiento fallido de grupos armados de autodefensa.

En 2015, ya se hablaba de aguacates de sangre y para nadie en Michoacán era un secreto que los limoneros tenían que pagar derecho de piso, algo de lo que el país se enteró tras el asesinato, en octubre del 2025, del líder limonero de Apatzingan Bernardo Bravo. La violencia de este crimen opacó en las noticias de otro asesinato, en Veracruz, el del lider naranjero Javier Vargas Árias, el sexto en lo que va del año en ese estado.

La violencia vinculada con la producción y venta de alimentos no solo tiene que ver con la extorsión, sino también con el control de los canales de distribución, ya que el gran negocio del crimen organizado en México hoy día no es tanto la producción y venta de drogas, sino la logística de actividades criminales y poco a poco el control de cadenas productivas de materias primas, como el aguacate o incluso de canasta básica como los enfrentamientos armados del 2022, en San Cristobal de la Casas, Chiapas, para controlar el Mercado Norte.

Como cualquiera otra empresa capitalista, estos grupos buscan economías de escala y de gama¹. Así, el enfrentamiento entre bandas por el control del mercado negro de las drogas ilícitas ya no es el único motvo de la violencia. Tampoco se trata solo de un accionar en contra de la fuerza pública, que les impide o facilita –vía la corrupción– tener ese control: las bandas del crimen organizado en México se han constituido en empresas criminales.

Del narco al crimen organizado

En el principio eran simples contrabandistas que aprovecharon la prohibición del alcohol en los Estados Unidos para llevar cargamentos desde México. Luego venderían mariguana y cuando a las farmaceúticas les fue prohibido vender cocaína para las alergias y las gripas, por ser altamente adictiva, el narco la incorporó a su cartera comercial y en 1961 la Convención Única Contra las Drogas abrió una gran «ventana de oportunidad».

El narcotráfico fue entonces construyendo su propio mito siguiendo los pasos de las demás empresas legales, «hombres pobres venidos de la nada hechos a sí mismos», la promesa máxima del capitalismo de que cualquiera puede hacerse rico. Una promesa que además no tiene contrapesos morales en un sistema donde lo único vergonzoso es ser pobre y para nadie es secreto que para que «el narco» triunfara, siempre necesito codearse con los negocios legales y la política.

De acuerdo con el artículo segundo de la Convención de Palermo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se define como «grupo delictivo organizado» a «un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material».

Para el premio Nobel de economía 2005, Thomas Schelling, la actividad principal de la delincuencia organizada es imponer su protección a otras empresas tanto legales como ilegales bajo la amenaza de violencia.

Este economista –que replanteó la teoría de juegos– sostiene que para que el crimen organizado pueda lograr su objetivo debe tener primero el control monopólico de la oferta de la violencia en un área delimitada.

Dentro de los objetivos básicos de servicios de protección, se encuentra el de evitar que otras organizaciones competidoras extorsionen a sus «clientes». También es necesario controlar a las autoridades y a las policías locales corruptas de forma tal de reducir la amenaza de que la competencia los utilice en contra de ellos, pero igualmente para facilitar que las empresas criminales que protegen puedan actuar libremente

En el contexto internacional se han registrado casos en el que empresas legales realizan actividades ilegales como librarse de desechos tóxicos, eliminar a la competencia, coludirse para elevar precios, reprimir movimiento sociales, controlar sindicatos, evadir impuestos o desplazar comunidades para acaparamiento de tierras y requieren del amparo del crimen organizado y su red de corrupción.

De hecho, para algunos teóricos como Luigi Foffani, la principal herramienta de las empresas criminales es la corrupción a través del accionar mafioso². Esta, por su propia naturaleza, es discreta, permite la mimetización con el Estado y asegura la consecución del objetivo deseado con menores riesgos.

Vista desde una óptica criminal, la corrupción es un costo de producción que será trasladado al consumidor final.

Es importante enfatizar que el crimen organizado es una actividad no ideológica, esto es, no posee fines políticos, sino fundamentalmente económicos³. A pesar de ello el crimen organizado es una amenaza para el Estado moderno, no porque pretenda sustituirlo, sino porque su fortalecimiento mina inevitablemente las instituciones y vulnera al Estado.

Esto sucede porque dos de las principales atribuciones del Estado moderno y de la clase dominante que lo lidera son el uso exclusivo de la fuerza y la extracción de rentas, a cambio de lo cual el Estado brinda servicios públicos. Conforme se fortalece, el crimen organizado se convierte en un competidor en el cobro de impuestos y como proveedor de bienes públicos. En el caso del mercado criminal, los servicios más requeridos son la protección de los derechos de propiedad y cumplimiento de los contratos.

De acuerdo con Peter Lupsha⁴, el desarrollo del crimen organizado presenta tres etapas: la primera es la predatoria: los grupos criminales están agrupados en pandillas que no amenazan al Estado y que son fácilmente controlables por los cuerpos de seguridad. La segunda es la parasitaria: las empresas criminales corrompen al Estado y cuentan con complicidades dentro de éste. Recordemos que para que una actividad delictiva perdure en el tiempo es necesaria la cooperación de las autoridades encargadas de combatirla. En esta etapa, aclara Jorge Chabat, el crimen y Estado son dos entidades diferentes. Finalmente tenemos la etapa simbiótica; para este momento la captura del Estado se ha concretado y este se pone al servicio de la delincuencia. Además sus estructuras funcionan de manera mafiosa.

Las industrias criminales operan con la misma racionalidad con que lo hacen las industrias legales: buscan minimizar sus costos y maximizar sus ingresos con el menor riesgo posible. Pero también buscan ampliar su negocio ya que los mercados ilegales, por muy productivos que sean, resultan mercados reducidos. De allí que una organización también pueda dedicarse a actividades legales para financiar el crecimiento de actividades ilegales.

Por tanto, entre más grande sea una organización criminal es más probable que invierta en actividades tanto legales como ilegales, tanto productivas como improductivas, así como apropiativas⁵.

Además, las actividades comerciales legítimas le permiten a las empresas criminales aprovechar las economías de escala y gama en sus actividades ilegales ya que en muchos casos ambas utilizan los mismos insumos (transporte, comunicaciones, almacenamiento, distribución) por lo que resulta rentable la integración. También debemos incluir la necesidad de lavado de dinero y las empresas pantalla que les permiten a los criminales ocultar sus verdaderos negocios.

El brazo armado del mercado

En su análisis sobre el papel de las materias primas en las guerras civiles, Michael Ross las clasifica como recursos saqueables, todos aquellos que requieren escasa capacitación para su extracción y los no saqueables, los recursos que incluyen el petróleo, el gas natural, y todo tipo de minerales que necesitan excavaciones profundas⁶. Como es de suponer en el caso de un conflicto armado. los primeros benefician a los rebeldes y los segundos a los Estados que los combaten.

En el caso del crimen organizado se han apropiado de ambos vía la extorsión, la corrupción y el robo. Esto ha sido posible gracias a la apropiación territorial, pues una vez que el gas, el petróleo o los minerales han sido extraídos aumentan su «saqueabilidad».

Pero ¿qué fue lo que hizo que el crimen organizado se involucrara en los mercados de productos lícitos? El crimen organizado desarrollo un sistema de franquicias en los que entregaron armas, uniformes y apoyo logistico a bandas locales para garantizar el control del territorio, la estrategioa resultó ser eficaz y sólida en el corto plazo, sin embargo, en el mediano y largo plazo terminó por fragmentar la empresa criminal, cuyos franquicitarios no siempre fueron seleccionados de manera «adecuada». Un caso emblemático de ello fue la organización conocida como la Familia Michoacana, que formó parte de los Zetas.

Una vez que se separó de ellos, la célula de Michoacán perdió el acceso a las rutas de trasiego de la droga y demás productos ilegales, al no ser una empresa productiva se vio obligada a diversificar su cartera, lo cual logró vía la extorsión y saqueo de productos agrícolas y ese es en buena medida el origen de lo que están viviendo actualmente los productores de ese estado y por expansión comercial lo del resto del país.

De acuerdo con una investigación periodística de Camilo Olarte, desde 2007, la industria del aguacate (palta) en Michoacán se vio afectada por las prácticas de intimidación –asesinato, secuestro, extorsión, robo de producto, apropiación de huertas e influencia sobre los precios– ejercidas por los Zetas. Cabe aclarar que Michoacán produce más de la mitad de los aguacates que se consumen en el mundo, según la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán (Apea), tras la primera ruptura el negocio paso a manos de la Familia Michoacana y después a la de los Caballeros templarios, quienes cobraban en ese entonces mil pesos (unos US$60) por hectárea de cultivo.

Caso similar fue el del limón, en 2013 una investigación de Nacha Cattan y Eric Martin para Bloomberg reveló que el aumento en el precio del limón hizo aumentar la inflación mexicana en 0.21%. De acuerdo con una productora michoacana entrevistada, ella llegó a cuadruplicar el precio del limón que enviaba a la Ciudad de México. El argumento oficial siempre fue «problemas climáticos» o «malas cosechas», la realidad era que se estaba transfiriendo el costo de la extorsión a los consumidores finales. De acuerdo con Ilan Semo, los precios acumulados de alimentos de la canasta básica en 2013, propiciados por las extorsiones en todo el país, podían haber afectado hasta en 1% o 1.5% a los dígitos de la inflación, que se calculó para ese año entre 4,5% y 5% en total.

En 2013, la situación se volvió insoportable para los productores michoacanos quienes armaron grupos de autodefensa, los cuales se encargaron de expulsar a los criminales de los centros de producción. En algunos casos, como el del limón también intervino el ejército y la policía federal, toda vez que las policías locales se encontraban muy comprometidas con los grupos criminales. Además, el acompañamiento gubernamental a las autodefensas tuvo como finalidad confinarlas y evitar que, como ocurriera en Colombia, se apropiaran ellas mismas de los territorios arrebatados al crimen organizado que ha sido altamente resilente y sigue controlando el territorio.

En 2013, el periodista de investigación, Silber Meza, reportó una serie de robos de camarón azul. Tan solo en la temporada 2013-2014, los robos del crustáceo se incrementaron casi cuatro veces, de tres a 14 hurtos; de éstos, 12 fueron en altamar y los otros dos en el muelle, según publicó en el diario mexicano El Universal⁷. En esos robos se llevaron 30 toneladas de camarón, que representan cerca de 10 millones de pesos (más de US$750 0000 al tipo de cambio de 2013).

En su momento también investigó para la televisión mexicana el robo de agua en Sinaloa. Si bien en ese entonces no hubo detenidos que comprobaran quienes realizaron el robo de los camiones de riego, Meza tiene la teoría que se trataba de trabajadores de algún cártel (Sinaloa) que se encontraban desempleados en ese momento. Y es que según sus investigaciones el cártel deja en libertad de operar a sus células cuando no es capaz de darles empleo.

En 2011 la agencia internacional de noticias Reuters, daba cuenta del robo a de 900 toneladas de frijol la firma mexicana ALMER, valoradas en unos US$750,000⁸ en el estado de Zacatecas, donde en ese entonces operaba el cártel de Sinaloa. El comando armado cargó 30 camiones en el transcurso de un día, y le dejó cinco toneladas de frijol a los residentes del pueblo para que no hablaran del robo⁹.

Como podemos ver, en este caso, si bien hubo coerción y saqueo, la violencia extrema no fue un recurso, dado que los vuelve más visibles en el exterior y alarma a la opinión pública, lo que obliga a las autoridades a actuar con dureza. Esa característica del Cártel de Sinaloa los ha convertido en una de las empresas criminales más longevas y estables del país, aún a pesar de la captura y encarcelamiento de Joaquín Guzmán Loera, «el Chapo» y su familia.

Los cárteles pobres

Otro fenómeno que se ha detectado es la pauperización del crimen organizado. Este se da en entornos urbanos donde gobiernan las pandillas que han obtenido la franquicia criminal de alguna empresa criminal poderosa; por ejemplo, en Río de Janeiro se da con la venta de cilindros de gas, servicio de transporte, internet, televisión por cable, agua, seguridad, mientras que en Medellín se tienen registros de la operación de máquinas traga monedas, servicio de transporte, venta de repuestos de carro, huevos, leche, arepas, carne de res, pollo y cerdo.

En México el fenómeno se ha visto en las tortillerías (que manejan flujo de efectivo diario), huevo y otros productos de la canasta básica. Si bien estos ingresos les proporciona un flujo de capital nada despreciable, el mayor beneficio proviene de la economía de gama, pues quien controle esa  fuerza laboral obtiene vigilantes, tiendas de distribución de droga y narcomenudistas, todo ello bajo la fachada de una industria legal.

Estas prácticas predatorias generan distorsiones en el mercado, ya que las bandas criminales pueden vender dichos productos por debajo de su precio comercial. Así, no solo le roban al productor sino que le hacen competencia desleal con su mismo producto. Con ello, tarde o temprano, terminarán por arrasar con dicha actividad productiva, sin contar con las altas inflacionarias producto de la transferencia de los costos.

Además, en algunos casos, al tratarse de industrias fuertes que en ocasiones concentran oligarquías locales, estas terminan por contratar mercenarios aprovechando el mercado de la fuerza que ha creado en México la guerra contra las drogas. Dicha reacción, si bien soluciona el problema en lo inmediato, termina por erosionar aún más a las instituciones estatales. Todo ello da lugar a vacíos que cubren nuevos grupos armados como ya ha sucedido, por ejemplo, en Colombia. Donde el gobierno fue desplazado por la guerrilla, esta a su vez fue sustituida por las autodefensas, las cuales, al ser desmovilizadas –vía pacto gubernamental–, dejaron un vacío que ocuparon las llamadas bandas criminales.

Cabe resaltar que las actividades predatorias aquí descritas son difíciles de perseguir e incluso de detectar, pues se encuentran en los márgenes de la legalidad, toda vez que los consumidores intermedios son cómplices y el consumidor final nunca pregunta de dónde viene un producto más barato.

En cuanto a las estrategias de combate, debe quedar claro que si bien el aumento de elementos policiacos o la instalación de cámaras de videovigilancia pueden inhibir los delitos como el robo a personas, lesiones personales, riñas callejeras y perturbación del orden público, estas no inhiben al crimen organizado, pues sus motivaciones criminales y comerciales son diferentes, así como también lo son sus balances de costo-beneficio..

Es importante, pues, detectar las rutas del dinero sobre todo las del lavado y los canales de cooptación del Estado, si es que se quiere controlar el problema, porque acabarlo dudo que sea posible dadas las dimensiones actuales y las redes de macrocriminalidad que involucran incluso a grandes empresas multinacionales.

El aumento del reclutamiento forzado entre adolescentes y hombres jóvenes es una muestra, de que cada vez menos personas buscan sumarse a esa maquinaria devoradora de cuerpos, que los utiliza y desecha por cientos, como evidencian los campos de exterminio y macrofosas clandestina, localizadas en la última década.

De poco sirven entonces las campañas que alejen a los jóvenes del crimen si la élite económica sigue invirtiendo y ganando de las estructuras criminales, porque no nos engañemos, los miles de millones que mueve el crimen organizado hace mucho que no se lava en pequeños negocios barriales, se mueve dentro de grandes empresas y del sistema financiero mundial.

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1. Las primeras refieren a la reducción de los costos medios derivados de la ampliación de la escala de producción; las segundas es conceptualmente similar, pero mientras que las economías de escala derivan de la producción, las de gama se asocian a la eficiencia en la distribución y el marketing de varios productos diferentes. ↩︎
2. Luigi Foffani: «Criminalidad organizada y criminalidad económica», en Revista Penal, 2001, vol. 7, 2001 ↩︎
3. Jorge Chabat: «El Estado y el crimen organizado transnacional: amenaza global, respuestas nacionales», en Istor. Revista de historia internacional Nº 42, 2010. ↩︎
4. Citado por Jorge Chabat, ob. cit. ↩︎
5. Tobón y Valencia. Economía, rentas criminales y políticas públicas en Medellín. Universidad de Antioquia, 2015. ↩︎
6. Michael Ross: «Oil, Drugs, and Diamonds: The Varying Roles of Natural Resources in Civil War», en Karen Ballentine y Jake Sherman (eds.): The Political Economy of Armed Conflict: Beyond Greed and Grievance, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 2003. ↩︎
7. Silber Meza: «‘Piratas’ del camarón llegan al Pacífico», en El Universal, 22/3/2014. ↩︎
8. La coincidencia de los precios del robo del frijol y el camarón no son coincidencia, se trata del monto máximo que pagaban en ese momento las aseguradoras. ↩︎
9. https://www.reuters.com/article/business/bandas-criminales-mexicanas-tras-un-nuevo-blanco-preciado-maz-idUSSIE72L17R/ ↩︎