Son las cuatro de la mañana y un grupo de pescadores en la ciudad de Chimbote, a 422 kilómetros al norte de Lima, llega a las peñas de las playas Campamento Atahualpa y Vesique donde se encuentra el área en la que resguardan a la Chita (Anisotremus scapularis), un pez altamente valorado por su carne. Su llegada a estas horas del día marca el relevo del otro grupo de pescadores que estuvo vigilante durante toda la noche. Ante la necesidad de seguir pescando como lo habían realizado en años anteriores, se han organizado para proteger a la Chita frente a la pesca ilegal que se ha incrementado en las últimas décadas.

«Este es el lugar donde se conserva la Chita en Chimbote porque estamos aquí día y noche. Si nos descuidamos un momento, vienen los que tiran los explosivos y desaparecen el pescado. Nosotros elegimos ubicarnos aquí porque era el único refugio», dice Gabriel Vásquez, quien a sus 59 años y por iniciativa propia es parte del grupo de pescadores que lidera el proyecto para la preservación de la Chita.

En esta zona de Chimbote, la pesca es una de las principales actividades productivas desde tiempos milenarios. En 2022 la ciudad fue declarada como Capital Histórica de la Pesca y de los Recursos Hidrobiológicos, sin embargo, diversos factores como la contaminación y la actividad ilegal han afectado el ecosistema marino. Para los pescadores y marisqueros artesanales dedicados a la protección de especies como la Chita en Chimbote, la labor no ha sido fácil.

Un refugio contra la pesca ilegal

El proyecto de conservación de la Chita en Perú abarca cerca de kilómetro y medio entre los cerros Vesique, La Cocina y Atahualpa en las costas de Chimbote, en la bahía de Samanco. Al ser pescadores de peña —es decir, que pescan desde las rocas—también protegen los lados de los cerros que colindan con el mar. La finalidad, señalan los pescadores, es proteger a la especie y hacer sustentable la pesca artesanal que aprendieron de generaciones anteriores para proveer a la canasta familiar y al mercado local.

Para Juan Carlos Sueiro, director de Pesquerías de Oceana y exconsultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), «la Chita es una especie de un alto valor comercial, pero vulnerable ya que su ubicación está muy cerca a la costa». Esta especie, presente en zonas rocosas y arenosas es aprovechada por los pescadores artesanales durante todo el año con excepción de la corta temporada de desove.

«Nosotros pescamos con línea o cordel, respetamos las vedas de Chita y cuidamos. Es por eso que el pescado se ha mantenido en esta zona. Desde hace años trabajamos aquí y al ver que [los ilegales] venían a amenazarnos y tiraban dinamita al mar nos preguntamos qué podíamos hacer para refugiarnos, cuidar de las especies y seguir en la pesca», dice Gabriel Vásquez al recordar lo que motivó a los pescadores artesanales a organizarse.

Desde entonces, hace cerca de 30 años, Vásquez y cerca de 40 pescadores se turnan para resguardar este lugar en Chimbote de acuerdo a sus horarios de pesca.

El uso de explosivos y de redes de arrastre operadas por buzos son métodos prohibidos según el Reglamento de la Ley General de Pesca y la resolución que precisa el uso de redes en zonas rocosas de menor profundidad. Sin embargo, según Sueiro, de Oceana, «la pesca con explosivos es una práctica antigua que permanece en zonas donde no hay desarrollo urbano cerca. [Los pescadores ilegales] eligen lugares donde los pueblos son pequeños o están relativamente lejos, donde hay acantilados, lo cual permite cierta impunidad».

Percy Grandez, especialista legal de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), explica que la pesca con explosivos es altamente dañina para los ecosistemas marinos porque afecta a las especies objetivo y a otras que no lo son debido al alcance de la dinamita. Además, Sueiro agrega que el método mata a los huevos y las larvas, daña los órganos internos de los peces y remueve el fondo marino generando una perturbación importante del entorno ambiental.

El informe del Instituto del Mar del Perú  (Imarpe) en 2015, realizado en Huacho (Lima) y San Andrés (Ica), daba cuenta de las consecuencias de la actividad ilegal en especies como la Chita. Lejanas son las épocas en las que Vásquez y otros pescadores participaban en concursos para capturar Chita en las costas de Chimbote debido a la abundancia de la especie. «Actualmente hay mucha depredación y ya no se pueden hacer esas actividades que fomentaban el turismo. Hay gente que no respeta y van con sus redes y sus explosivos, y tenemos que estar luchando contra eso», dice el pescador.

Pese a esto, para quienes protegen esta área en Chimbote sus esfuerzos han alejado a algunos ilegales de la zona y han permitido que este pez no desaparezca del lugar.

La defensa de una especie amenazada

Si bien Gabriel Vásquez y los pescadores de Chimbote realizan el cuidado de esta área para la protección de la Chita, la pesca con explosivos y el uso de cercos por parte de buzos se han convertido en los principales enemigos de sus esfuerzos.

Desde el 2018, los pescadores han denunciado la presencia de personas que arrojan explosivos y el ingreso de buzos con redes para depredar las especies de la zona. El saqueo a estas aguas viene acompañado de amenazas con armas de fuego contra los pescadores que protegen el lugar, lo cual genera temor.

«Estas personas ilegales esperan a que todos los que cuidan del área resguardada se vayan a sus casas e ingresan con los explosivos», dice Almensor Gómez de 63 años, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de San Pedrito, quien fue uno de los primeros guardianes de la conservación de la Chita en este espacio en Chimbote. Gómez recuerda que compraron hondas y consiguieron piedras porque no sabían cómo defenderse de los pescadores ilegales.

La alteración del ecosistema marino que los ilegales ocasionan se refleja también en la sobreexplotación de recursos. A diferencia de los ocho kilos diarios que pueden capturar los pescadores que protegen esta zona, los ilegales realizan una captura voluminosa que, según especialistas, llega a los 500 kilos aproximadamente. Como consecuencia, el impacto se extiende a los pescadores, quienes cada vez encuentran más desafíos para solventarse con la pesca de Chita como hace décadas.

Almensor Gómez recuerda que solían extraer esta especie teniendo en cuenta las temporadas, pero la pesca ilegal ha ganado más espacio con el pasar de los años, y sus pedidos y gestiones a las autoridades siguen sin tener respuestas concretas. 

El reconocimiento del ordenamiento pesquero por parte de las autoridades competentes permitiría un monitoreo de la conservación de las especies marinas, en particular de la Chita, y un espacio de trabajo para el aprovechamiento de las mismas. «La zona podría convertirse incluso en un corredor turístico para que llegue la gente y nosotros continuaríamos con el cuidado de la Chita», dice Vásquez.

A la espera del apoyo institucional

Pese a que los pescadores han registrado en video la presencia de los ilegales y han solicitado el apoyo a la Capitanía de Puerto, las denuncias por esta vía no han procedido.

El pedido a las autoridades locales de Chimbote en reiteradas oportunidades tampoco ha tenido una respuesta concreta. Las coordinaciones quedaron paralizadas con los cambios de gestión municipal y regional. Incluso en abril de 2022, el entonces ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, anunció desde Chimbote la creación de una «mesa de soluciones» para atender los problemas de la zona y reactivar la economía a través de la pesca artesanal, pero los pescadores aseguran que no han visto cambios ante las amenazas.

El delito de extracción ilegal de especies acuáticas se sanciona con hasta cinco años de prisión. «No obstante, si la extracción además se realiza con el empleo de explosivos, la pena se eleva hasta siete años porque es un método de pesca altamente dañino que afecta a los ecosistemas marinos y a la sostenibilidad de la pesquería», señala Percy Grandez, de la SPDA.

Debido a que para las autoridades es difícil estar presentes en el momento en el que se comete el delito, Grandez resalta la labor de los pescadores para generar un registro [de foto y video] que pueda derivar en pruebas ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). «No hay muchas sanciones porque no hay muchas denuncias sustentadas, y una autoridad no va a sancionar sino hay medios probatorios», señala.

Sin embargo, para el especialista de Oceana, la labor es compleja. «Junto a la Dicapi (Dirección General de Capitanías y Guardacostas) y la policía se tendría que perseguir el delito e identificar la estructura criminal, lo que implica una operación mayor que solo buscar a quien está en el agua y usa explosivos», añade.

Mongabay Latam envió preguntas al Produce y la Dicapi, pero hasta la publicación de esta nota no enviaron respuestas.

Este texto fue publicado originalmente por Monganbay y se republica bajo una licencia de Creative Commons.

Leslie Moreno Custodio

Periodista y fotógrafa freelance. Maestranda en Antropología Visual. Ex Ojo Público, IDL-R En la actualidad colabora con Salud con Lupa. Es miembro de la comunidad internacional ConnectasHub. Su producción fotográfica explora temas desde una mirada etnográfica y documental. Fue miembro del equipo finalista del premio global organizado por la ONU en la categoría StoryTeller en 2019.